¿Quiénes no quieren la Unidad Anticorrupción?

Editorial

Comencemos por explicar qué es la corrupción, mediante un concepto muy atinado, directo y fácil de entender, “La corrupción se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada”, (tomado de Ramírez Aguilera, Rafael; Ramírez Victoriano, Rafael, 1997. Bilbao, ed. Breve Diccionario de la Política. Mensajero. p. 69-70).

Entonces, entendidos ya de qué trata el asunto, podemos decir que en Costa Rica la corrupción es cosa de todos los días: el soborno al oficial de tránsito, la platica que se volaron de La Trocha fronteriza que suma más de ¢20 mil millones, el mal uso del dinero en el Teatro Nacional que alcanza unos ¢1.500 millones, el “Cementazo” en todas sus versiones. Además, los pagos en efectivo o especie que se dan a funcionarios para gestionar patentes, permisos de construcción y hasta los biombos de algunos médicos en la CCSS con sus pacientes de consultorios privados.

Jamás se nos podrían olvidar Yanber o Soresco, que fue un asalto a mano armada con platas de Recope, ni lo que aún se investiga sobre presuntos créditos mal dados en Infocoop.

Esos para mencionar algunos ejemplos, pero todos conocemos alguno y esperamos con palomitas de maíz y refresco a enterarnos de las acciones de las autoridades judiciales, pues la ley resulta clara en las sanciones para los corruptos.

Todos estamos hartos en este país de ver cómo los que llegan al poder se sirven en bandeja de plata y sí habrá algunos muy honestos, de eso no hay duda, pero otros tienen la cara de barro y han pasado toda su estadía pública llenándose los bolsillos; o para decirlo de la forma adecuada, robándose lo ajeno.

En medio de este desencanto de la sociedad costarricense con la clase política y de la confrontación que se ha hecho a la función pública, surge una noticia desde el Poder Judicial que avalaba la creación de la Unidad Anticorrupción, recurso y personal para investigar estos casos que tanto mancillan la democracia y cuyos responsables se ríen en la cara de todos, pues son poco perseguidos y menos sancionados.

El 5 de marzo anterior, el Poder Judicial informó con bombos y platillos que la Corte Plena aprobó de forma unánime, es decir, todos los magistrados y magistradas votaron a favor, el informe sobre transparencia para mejorar la capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a las denuncias por corrupción.

Ese mismo día se declaró de interés institucional y abordaje prioritario un proyecto que fortalecerá la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y la creación de una Sección especializada en esa materia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pero esto no fue todo, ese mismo 5 de marzo también se logra la formalización de una oficina de cumplimiento y seguimiento de diagnósticos institucionales para andarle de cerca a la corrupción.

Esa iniciativa de los Magistrados y Magistradas en pleno fue una excelente noticia para este país, que un día sí y otro también se entera de casos de corrupción y en muchas oficinas públicas están los secretos más bien guardados de funcionarios que llegaron a servirse y no servir a Costa Rica.

Pero fue un alegrón de burro, porque Walter Espinoza, el director del Organismo de Investigación Judicial, anunció el viernes anterior que la Unidad de Planificación del Poder Judicial en sus informes técnicos no considera necesario dar más recursos y personal a la policía ni a la fiscalía para este departamento.

En pocas palabras, todo quedó en el papel. Espinoza dejó claro que la noticia es terrible para el país y los expertos no conciben el fenómeno de la corrupción en las dimensiones existentes. Se lamentó en que lo acontecido meses atrás en la función pública fuera fácilmente olvidado por ciudadanos y funcionarios.

Tras conocer lo sucedido, solo cabe hacerse una gran pregunta: ¿quién o quiénes no quieren que se investiguen los casos de corrupción en Costa Rica?

Y no es una casualidad, cuando el país está patas arriba y salen en las páginas de los diarios denuncias de los abusos del poder de esta y otras administraciones, lo lógico sería que esa unidad no se cree, pues irá tras los perpetradores.

Claro, el golpe que este país se acaba de llevar no fue en vano y aunque acá pocos corruptos terminan tras las rejas y por el contrario se dan la gran vida, lo comprensible era dotar de los recursos al OIJ y al Ministerio Público para investigar, detener, acusar y sancionar lo necesario.

Los criterios técnicos son una cosa y la realidad otra, si Planificación del Poder Judicial considera innecesaria esa inversión que nos lo explique a los ciudadanos, las víctimas directas de ese comportamiento tan nefasto.

Que muestren los estudios para fundamentar tal decisión, pero ante todo que, en aras de la transparencia, nos saquen del supuesto engaño en que hemos vivido en la última década.

¿Será que la corrupción no da para tanto en Costa Rica o será acaso que una Unidad Anticorrupción podría ser el cuchillo para el propio cuello?

Vamos a ver don Walter Espinoza y doña Emilia Navas, fiscala general, cómo defienden este tema que ya estaba avalado por los magistrados en pleno. No pueden ni deben bajar la guardia, están llamados a defender con uñas y dientes el proyecto.

Si ese dictamen es la Santa Palabra, “nos llevó la trampa”, como decían las abuelas. Pero si aún puede repensarse y valorar, hay que hacerlo. Solo veamos unas cifras para entender la magnitud desde lo más pequeño hasta lo inimaginable en la esfera de la corrupción.

En una encuesta sobre Corrupción en la Función Pública, elaborada por el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas (Cimpa) de la Universidad de Costa Rica (UCR), hace ya hace algunos años se logró determinar que más del 51% de las personas que han cometido infracciones de tránsito opta por pagar a los funcionarios para evitar la multa.

Otro grupo de encuestados equivalentes al 50% de la muestra también dijo haber pagado sumas que podrían alcanzar hasta los ¢200 mil por recibir tratamientos médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Cimpa descubrió que los ticos desembolsaron en 2011 cerca de ¢18 mil millones en dádivas por trámites en instituciones públicas, suma que posiblemente ocho años después de seguro se duplicó.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Lunes 27 Mayo, 2019

HORA: 12:00 AM