Cerca de 50 privados de libertad salen de prisión cada mes con el beneficio del monitoreo electrónico, según datos facilitados por la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz.
Este sistema se implementó en 2017 y tan solo en el primer año de vigencia 528 reclusos estaban fuera de prisión.
La cifra aumentó para el segundo año a 638 presos con el beneficio y en lo que va de 2019 son 117 los convictos que pudieron irse a sus casas bajo monitoreo.
Justicia informó que en total 1.283 reos pudieron gozar de ese privilegio, pero 241 de ellos tomaron malas decisiones y debieron ser recapturados para su reingreso al sistema penal.
Esa cartera explicó que los motivos de recaptura son por revocatoria o nuevas causas. El primero significa que incumplió medidas como reportar la salida de la zona asignada, descarga del dispositivo o por daños a la propiedad del Estado -es decir, a la tobillera-, mientras que el segundo se refiere a quienes volvieron a delinquir.
¿FUNCIONA EL BENEFICIO?
Sobre este tema DIARIO EXTRA consultó a Marcia González, ministra de Justicia y Paz, quien defendió la implementación de esta sanción sustitutiva y asegura que para ella sí cumple con el objetivo de reinserción social del privado de libertad.
De acuerdo con González, darles este beneficio a los reclusos es más barato que mantenerlos en prisión. En el primer caso una persona con tobillera le cuesta al sistema penitenciaron $525 por mes, mientras que en prisión el valor aumenta a $1.123 por el mismo periodo.
Pero el debate se genera por los que son sorprendidos delinquiendo, mientras están bajo monitoreo, pero González asegura que desde que empezó la nueva administración se trabaja para evitar que la cifra aumente.
“Puedo responder por los últimos meses. A mí me parece que sí hemos fortalecido mucho este sistema, creemos que con el perfil adecuado de personas da muy buenos resultados y estamos haciendo todo lo posible desde el ministerio por que estas personas cumplan con las zonas de inclusión que se les establece y los procesos que cada uno tiene”, declaró.
Según la ministra, la implementación del monitoreo electrónico va en aumento, pues por mes se registra un crecimiento de casi el 9%.
“Esto nos establece retos importantes. Parte crucial o fundamental es el perfil de las personas a las cuales se les está imponiendo esta sanción sustitutiva y en eso quienes juegan un rol importante son los jueces”, agregó.
Respecto al rendimiento del proveedor que suministra los dispositivos, la titular de Justicia explicó que al iniciar su gestión encontró varias situaciones que no eran de su agrado y lo que se hizo fue notificar a la empresa, además de iniciar un seguimiento diario del servicio, que les cuesta $600 mil mensuales a los costarricenses.
De momento no piensan en cambiar el proveedor, pues el contrato sigue vigente y expira en 2021.
EN CONTRA
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad Pública, conversó con El Diario del Pueblo y expresó su oposición a implementar este beneficio en delitos violentos, como el reciente caso del hombre que condenaron a 6 años de prisión por el homicidio de un oficial de la Fuerza Pública en Cartago, pero que un juez sustituyó la pena por el uso de la tobillera.
De acuerdo con Ramos, la aplicación de estos dispositivos electrónicos es aceptable solo cuando se utiliza para delitos menores y en personas no violentas.
“El dispositivo en Costa Rica, utilizado al estilo de los jueces, no tiene básicamente ninguna función de control, sino que más bien me parece que lo están utilizando en una forma irresponsable para liberar espacios en las prisiones”, expresó.
Asimismo, comentó que para él en el país existe una alta impunidad, situación que perjudica a industrias como el turismo, la inversión y la paz social en las comunidades.
“Esta doctrina de beneficiar siempre al criminal es la que tiene al país en una situación gravísima de seguridad ciudadana y a los ciudadanos víctimas del terror criminal”, sentenció.
Agregó que la implementación errónea del dispositivo entorpece y desmoraliza la función de las autoridades, que arriesgan la vida en las calles.
Mientras que Gustavo Mata, también exministro de Seguridad Pública, coincide en que este tipo de beneficio no debe recibirlo una persona que cometió delitos como homicidios, narcotráfico, violaciones o crimen organizado.
“El brazalete está hecho para otro tipo de medida, para gente que comete delitos muy menores, que realmente no impacten en el peligro de la ciudadanía (…) A este tipo de antisociales hay que detenerlos y tenerlos presos porque son depredadores de la ciudadanía”, explicó.
Recalcó que es importante una vigilancia estricta a los privados de libertad que cuentan con dicho beneficio para determinar si realmente están cumpliendo las medidas impuestas.
Asimismo, considera que la reincidencia en que caen algunos privados de libertad interrumpe la labor de la policía.
“Interrumpe la labor de las autoridades y las pone en riesgo. ¿Cuántas veces se ha informado en El Periódico que más lee la gente en Costa Rica que sujetos con brazaletes cometen delitos, asaltos, homicidios, violaciones? ¿Cuántas veces? No es cosa mía”, manifestó.
EFECTOS NO DESEADOS
Gerardo Castaing, analista criminal, indicó que para que el efectivo uso de estos dispositivos es necesario cumplir con cuatro factores: que se aplique a reos que hayan cometido crímenes no violentos, que se utilice el dispositivo, que se haga un monitoreo 24/7 y que exista un equipo que reaccione ante el incumplimiento de alguna de las medidas.
Retomando el caso del sentenciado en Cartago, Castaing asegura que la decisión de los jueces podría provocar un efecto no deseado en otros delincuentes.
“Desde la perspectiva criminológica es delicado porque otros sujetos que van a conocer por medio de la prensa esa decisión del juez lo van a tomar en cuenta para ejercer sus patrones de comportamiento criminales con el pensamiento de que va a ser una sentencia baja, supuestamente, y que aparte de eso van a estar en la casa”, indicó.
De acuerdo con el experto, las sentencias condenatorias siempre deben castigar un hecho ilícito y prevenir a terceras personas para evitar que cometan un delito.
Además asegura que debería ser el Instituto Nacional de Criminología donde se analice la conducta del delincuente y cuyos especialistas recomienden quiénes pueden usar las tobilleras.
“En el sistema de justicia de Costa Rica el juez puede ordenar el uso de brazalete a una persona que tal vez no lo merece, no tiene la suficiente capacidad de conocimiento en cuanto a si la persona puede utilizar el brazalete o no desde el punto de vista técnico criminológico y eso sí preocupa (…)
Si el juez no pide la recomendación del Instituto, que debería ser vinculante, se podría entrar en fallas, y lo más grave, se podría entrar en algún tipo de corrupción”, concluyó.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
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Jueves 14 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
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