Sigo confundido
Óscar Fernández Venegas
Resulta que, cuando es insuficiente el ingreso con que contamos para cubrir nuestras necesidades, y siendo que no se vislumbra en el horizonte ninguna posibilidad real de mejorar, pues lo único que debemos hacer es recortes en los gastos superfluos, tales como eliminar internet, cable, usar menos el carro y más el autobús, ser más austeros hasta en las comidas, por mencionar algunos rubros. Uno podría pensar que lo mismo debe hacer el estado en todas sus instituciones y, que no se vale solo “insistir en la necesidad de una reforma que aumente los ingresos del Gobierno”. Ya, incluso, en la CCSS se menciona un nuevo impuesto que, por cierto, se dice cobrará el Ministerio de Hacienda. Al igual se habla de devolver a los pobres el importe del IVA a la canasta básica, y eso no es más que un sofisma.
La administración tributaria, lamentablemente, ha demostrado carecer del recurso material y humano necesario para atender todas sus obligaciones que le corresponden, prueba de ello son los expedientes perdidos, en alguna instancia, de contribuyentes con cuestionamiento, la factura electrónica que, a estas alturas, no la pueden aplicar sectores como lecheros, agricultores y exportadores, la considerable omisión declarada en su uso por grandes contribuyentes y profesionales liberales. A esto hay que agregarle que el pobre tampoco va a tener la disponibilidad de someterse al trámite burocrático en la gestión de reclamo del IVA pagado, cuando sus compras las realiza en pulperías y abastecedores del barrio.
Ni qué decir del “hueco” de novecientos mil millones de colones en el presupuesto del 2018 que “taimadamente” nos dejara la Administración anterior.
No inspira confianza la actitud de las autoridades de gobierno, denota falta de voluntad y, desde nuestra óptica, más parece que rehúyen y evaden una acción contundente de recorte en el gasto público. El impuesto a las pensiones de lujo, la revisión y eliminación de privilegios ilegales en convenciones colectivas, la fusión de instituciones tendiente a evitar la duplicidad de funciones; de esto se ha dicho mucho y siento que no se ha hecho nada. Es capaz que se aprueba la reforma y esto otro siga igual.
El tamaño del aparato del Estado y, en la misma línea de pensamiento, personalmente hubiese esperado una reducción, pero tal parece que observamos lo contrario.
Han aparecido puestos nuevos e innecesarios, pienso yo. Para poner un ejemplo; el comisionado para atender los asuntos de la comunidad LGBTI, sí, una minoría, como los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, los pobres y… tantos otros que no tenemos ese privilegio de contar con alguien que vele por nuestros intereses, con un despacho en la misma Casa Presidencial, puedo suponer con personal asistente y todos los recursos materiales que pagamos todos. Y, ¿sus funciones? Lo que trascendió fue la confección de una carta que conlleva la recolección de 180 firmas entre presidentes, ministros, diputados y otros, actuales y de períodos anteriores, para presionar a la Sala Constitucional en la decisión sobre los recursos que tienen que ver con el matrimonio igualitario. Disculpen, ¿esto no es tráfico de influencias? Ahí lo dejo.
