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Opinión

Irresponsabilidad presupuestaria

Anfe / Adrián Naranjo Pereira

Las desafortunadas declaraciones del expresidente Luis Guillermo Solís sobre el mal llamado “hueco fiscal” son terroríficas. No solo demuestran la irresponsabilidad y ligereza con la que él, y el exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República tomaron el manejo de las finanzas públicas. 

El problema más allá de la forma en la que este par de exfuncionarios manejaron esta situación es que existen muchos involucrados que decidieron tomar un voto de silencio con respecto a estas actuaciones, claramente dañan la confianza de inversionistas y dañan cualquier esfuerzo coherente por mejorar el manejo de las finanzas públicas. Realmente lo que más me preocupa es que ningún funcionario público denunciara a sus jefes, que ningún funcionario avisara de lo que acontecía, ¿para qué gastamos millones de colones en pagar exámenes de servicio civil y capacitaciones si ni un solo funcionario valiente se atrevió a denunciar lo que sucedía?

Puede ser por dos cosas, siendo la primera miedo a la persecución y la posible pérdida de su trabajo, que para eso nuestro sistema de derecho público se ha forjado con vista a evitar precisamente eso, tanto los procesos administrativos como judiciales protegen al funcionario de los abusos de los jefes puedan tener para los empleados “incómodos” y honestos que dejen claramente establecido que se está cometiendo una irregularidad por parte de sus jefes y aunque se saben de varios casos donde ha parecido que no funcionan (como el del denunciante de la famosa soda del MAG) el tiempo les resarcirá los daños que enfrenten, de la mano de un Juzgado de la República. 

La segunda opción es que simplemente nuestros funcionarios públicos no están interesados en defender el interés las personas a las que supuestamente sirven, simplemente cumplen con el mínimo esfuerzo para poder recibir su salario. Realmente espero que sea por la primera opción. Pero en el supuesto de que nuestros funcionarios tengan miedo de denunciar es realmente espeluznante.

Quien escribe este artículo no ha encontrado un solo ejemplo de una democracia en la que se publique deuda sin autorización legal por parte de la Asamblea Legislativa, donde existan estos “errores” en la elaboración de presupuestos, menos que ante algo tan grave como lo que acontece no haya habido una reacción fuerte para reestructurar el departamento que elabora los presupuestos. 

Costa Rica puede enfrentar un impago o una crisis financiera siempre que tengamos una institucionalidad democrática fuerte, y parece ser que nuestro sistema de pesos y contrapesos está fallando. Nuestros ministerios parecen creer que tienen la capacidad discrecional de gastar dinero o de usarlo como le plazca a la cabeza del ministerio en turno. Todo lo que está pasando es un síntoma de un problema estructural que nuestra democracia debe atender inmediatamente, en caso de no ser así los abusos por parte de funcionarios van a ser mucho peores y vamos a terminar viendo como se instala el autoritarismo como método de gobernanza.

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Martes 25 Septiembre, 2018

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