“La corrupción es como el tango”
Hace unos días Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional (TI), estuvo en Costa Rica exponiendo sobre el daño que la corrupción causa en los países latinoamericanos, así como las heridas que este flagelo provoca en la institucionalidad y en la sociedad como tal.
Para nadie es un secreto que la corrupción crece a pasos agigantados en esta parte del hemisferio occidental y pese a los intentos por socavarla, debilitarla y sofocarla, los índices nacionales e internacionales demuestran que algunas ilícitas prácticas son cada vez más frecuentes.
Ferreira es explícita cuando aborda el problema en el que estamos sumergidos todos los países y que genera caras facturas a los estados, pobreza, desgracia social, desigualdad e impacto en la economía.
“Me preocupa la corrupción porque afecta el fundamento mismo de la democracia y deteriora nuestras condiciones de vida”, afirma esta mujer de armas tomar.
Es directa cuando asegura que para la corrupción se necesita un corruptor. “La corrupción es como el tango, se necesitan dos. Hay un sector público y un sector privado”, declaró la experta en el foro “Rompiendo el ciclo de la corrupción” este año.
Ciertas son sus palabras, la corrupción no se ejerce en solitario, detrás de cada dádiva, soborno, actos inconvenientes y tráfico de influencias hay dos partes. Surge el dilema cuando se trata de achacar la culpa a corruptos o corruptores.
Si bien Ferreira indica que Costa Rica es el tercer país menos corrupto de Latam, no podemos tapar el sol con un dedo, la corrupción nos maja los talones.
El país logró una calificación de 59 puntos sobre 100 en el reciente informe de TI, pero eso no nos exime de luchar contra este problema. La experta asegura que queda mucho por hacer.
El estudio de Transparencia Internacional de 2017 revela que cerca de un 24% de los ticos ha pagado un soborno en salud y educación, principalmente. Más grave aún, un 75% de los costarricenses encuestados considera que es socialmente aceptable reportar actos de corrupción.
Lo anterior nos plantea una paradoja, todos los ciudadanos nos quejamos de semejantes acciones cuando provienen de connotados personajes políticos, miembros de gobierno y personas de alto poder económico, pero creemos que se justifican en otras condiciones; es más, estamos dispuestos a perpetrar tales actos sin el mayor de los reparos para obtener beneficios personales.
Veamos otro ejemplo. En una encuesta sobre Corrupción en la Función Pública, elaborada por el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas (Cimpa) de la Universidad de Costa Rica (UCR), hace ya algunos años, se logró determinar que más del 51% de las personas que han cometido infracciones de tránsito opta por pagar a los funcionarios para evitar la multa.
Otro grupo de encuestados equivalente al 50% también dijo haber pagado sumas que podrían alcanzar hasta los ¢200.000 por recibir tratamientos médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social, pues por las vías habituales no lograron ser atendidos en un tiempo prudencial.
El Cimpa descubrió que los ticos pagaron en 2011 cerca de ¢18.000 millones en dádivas por trámites en instituciones públicas, suma que posiblemente siete años después se duplicó.
Entre los trámites más frecuentes por los cuales se recurre a estas acciones ilegales están sacar licencia, realizar un biombo, tramitar gestiones ante el Registro de la Propiedad, evitar multas de tránsito, pagos en aduanas, permisos de construcción e impuestos territoriales y patentes, obtener una incapacidad y hasta realizar gestiones en el Poder Judicial.
La lista es amplia y evidencia que los costarricenses, pese a repudiar la corrupción, tal como se desprende del informe de la Contraloría de 2017, un 79% reconoce que no hace nada por denunciarla, un 61% cree que el problema se acrecienta y un 85% considera que en Costa Rica hay mucha corrupción. Más datos indican que un 62% no suele informarse sobre cómo evitar este tipo de hechos y un 72% desconoce leyes o normas que sancionan.
Un 64% considera que la ciudadanía es la principal responsable, mientras que un 86% reconoce que la población tolera este tipo de conductas.
Costa Rica afronta en estos momentos una crisis en todo sentido: institucional, de credibilidad con el gobierno, política, moral, ética, etc. Para nadie es un secreto la desmotivación de los ciudadanos por tantos hechos denunciados en los últimos meses, pero también por el aumento en las acciones del crimen organizado, la inseguridad, el alza en el costo de vida y mucho más.
Los costarricenses estamos tomándonos la medicina que nos toca. Es duro reconocerlo, pero los problemas que afrontamos en este tiempo no son culpa de unos cuantos, no se pueden atribuir a una sola administración, no tienen nombres y apellidos específicos. Si bien es cierto hay unas personas más responsables que otras, pues son depositarias del poder de la administración pública, todos somos parte del caos.
Para que haya corrupción deben existir corruptores y nadie habla de esas personas, las que sin reparo hacen ofrecimientos a funcionarios públicos, violentado también las leyes e incitando al delito.
Somos un país donde la percepción de la corrupción es mayor a los hechos reportados como tales y eso tiene una explicación en el refrán que dice “cada ladrón juzga por su condición”.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Sábado 18 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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