De los $35,2 millones que debía tener la empresa Hidrotárcoles como aporte a la construcción del proyecto hidroeléctrico Capulín-San Pablo, solo alcanzó $4,8 millones. Es decir, tuvo un déficit de $31,3 millones, con lo cual no contó con la mayoría del rubro para hacer frente a la obra con la cual pretendía venderle 50 megavatios anuales al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
A este monto, se le sumó un préstamo de $117 millones que el Banco Nacional le hizo a Hidrotárcoles para seguir con el proyecto, dinero que cubriría el 70% de la inversión total de la obra.
Estas son parte de las conclusiones contenidas en el informe final de la comisión legislativa que investigó los créditos bancarios girados a diferentes proyectos, entre ellos el de la citada planta hidroeléctrica.
“El crédito otorgado por $117 millones era para cubrir el 70% de la inversión de la obra, no obstante, (…) como se puede ver, la relación 70-30 no ha sido debidamente cumplida por el desarrollador.
De tal manera, si se le resta al total invertido ($117,5 millones) lo aportado por el banco ($103 millones) y a esa diferencia también se le restan las garantías, el aporte efectivo de Hidrotárcoles ha sido de $4,8 millones cuando debería ser de $32,2 millones”, se desprende en el documento.
PLATA SIN FECHA CAMBIADA
Al mismo tiempo, los legisladores, que rindieron el informe final el 25 de abril anterior, concluyeron que las autoridades del Banco Nacional aprobaron el crédito sin que la empresa lograra la modificación en la orden de inicio ni la ampliación de los plazos para la construcción por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), esto a pesar de los señalamientos realizados por el mismo banco de la necesidad de contar con dicho requerimiento para asegurar la viabilidad financiera del proyecto.
“Que Hidrotárcoles aceptó la orden de inicio sin objeciones sobre la fecha, pese a no tener aprobado el crédito para financiar el proyecto. Que mostró reiteradamente su incapacidad de cumplimiento con las obligaciones financieras del proyecto al no conseguir, en tiempo prudente el cierre financiero del proyecto”, agrega el informe de los diputados. En el caso del ICE, los diputados constataron que no participó de manera directa o indirecta en el otorgamiento del crédito investigado y que no había aprobado trasladar la fecha garantizada de inicio, que estaba prevista inicialmente el 1° de agosto del 2015, con lo cual nunca dio el visto bueno para el cambio de esa fecha al 2017, ni al año 2019.
Los diputados recomendaron al plenario remitir a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética Pública las actas de la comisión que investigó los créditos bancarios a fin de que se valoren si los comparecientes incurrieron en algún delito o alguna violación al deber de probidad. Sobre el particular, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, dijo mediante comunicado de prensa que “el criterio de la Comisión nos reitera que debemos ser firmes en aquellas decisiones que conlleven a un adecuado manejo de fondos públicos, aún si esto significa, tener que pasar por procesos administrativos, jurídicos o políticos complejos. Es nuestra obligación como servidores públicos, garantizarle al país una administración correcta de los contratos, nos debemos apegar a la legislación, sin importar si esto afecta intereses particulares”.
El 20 de abril anterior, el ICE puso fin al contrato suscrito con la citada empresa desde el 2012, debido a una serie de incumplimientos que dio al traste el inicio de operaciones de la planta privada, a la cual el Instituto pretendía comprarle 50 megas de energía.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Viernes 27 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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