Reto para el nuevo gobierno: una gestión pública de calidad
DIÁLOGOS SOBRE JUSTICIA / Rolando Vega Robert
Después de haber concluido un largo proceso electoral, nuestra mirada está centrada en el futuro inmediato del país. Toda la ciudadanía está inquieta y deseosa de esperar resultados positivos de la nueva administración que nos gobernará durante los próximos cuatro años.
Uno de los grandes temas altamente debatido durante el proceso electoral, fue el del déficit fiscal. Pero a la par de todas las medidas económicas pertinentes y necesarias dependiendo de sus alcances, como bien sabemos, el tema del gasto y del empleo público, van de la mano con esta problemática.
Es ahí en donde sin duda alguna, debemos entrar a analizar el tema del buen gobierno, de la buena gestión, del mejor aprovechamiento de los recursos públicos por medio del control y de una correcta planificación del quehacer institucional. Todo lo anterior, podemos resumirlo en el concepto de una gestión pública de calidad que pueda ser realmente eficaz en el cumplimiento de sus metas, eficiente en la utilización de los recursos y efectiva en el impacto de sus objetivos y logros alcanzados. En otras palabras, no se trata de fortalecer las finanzas públicas per se, si los recursos no se utilizan o adecuadamente y se malgastan o dilapidan sin control.
En nuestro modelo constitucional de 1949 de casi 69 años, se contempló de forma directa el concepto del principio de eficiencia en el Estado y en sus instituciones. Se creó con ese propósito, un régimen de servicio civil para regular las relaciones en el empleo público. Además, tenemos el control de la hacienda pública y del respeto a los derechos de los habitantes por parte de los órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Y ni qué decir de la Sala Constitucional y de la jurisdicción contencioso administrativa que también a nivel jurisdiccional, cumplen un papel fundamental en el control de constitucionalidad y legalidad en el quehacer del Estado y sus instituciones.
En la práctica, parecen ser pocos todos esos controles institucionales ante las enormes y permanentes disfunciones en la organización y el funcionamiento del Estado y sus instituciones. ¿En qué se está fallando? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo?
Está claro que se trata de un tema sumamente complejo y que requiere de muchas medidas relacionadas con ajustes económicos y estructurales respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dentro de esas acciones a tomar, una de ellas, debe ser indiscutiblemente la de apostar a una gestión pública de calidad.
Comparativamente hablando, las experiencias desarrolladas en nuestro país en esa línea no son muchas, están un poco dispersas y poco sistematizadas. Citamos a manera de ejemplo, el Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superios (Sinaes), el Sistema Nacional de Calidad y Acreditación de la Justicia (Sinca-Justicia), el Premio Nacional a la Calidad que organizan el Mideplan y la Dirección de Servicio Civil.
También está el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) con un papel muy importante al amparo de una ley que considero debe ser revisada y actualizada.
A nivel privado, tenemos al Inteco (contraparte nacional de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), y experiencias de acreditación en hospitales privados para tratar de asegurar la calidad de los servicios hospitalarios. Todas esas actividades muy interesantes y exitosas para el desarrollo de las respectivas organizaciones.
En el ámbito internacional, existen experiencias muy interesantes en el tema de la calidad en la gestión pública con avances muy exitosos en países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Portugal y España, entre otros.
Hay declaraciones a nivel iberoamericano firmadas por todos los jefes de Estado como el “Código Iberoamericano del Buen Gobierno” y la “Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”. Muy atinente a los tiempos que vivimos, en el preámbulo de dicha Carta se señala: “Al final de los años setenta del Siglo XX, la crisis económica mundial dificultó la viabilidad del modelo de Estado de bienestar construida por los países industrializados y post-industrializados después de la Segunda Guerra Mundial. Frente a dicha crisis surgió una propuesta de corte neoliberal-conservador que perseguía restablecer el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos de los países en crisis. Para ello se promovió la reducción del tamaño del Estado y su sustitución por el mercado como instrumento predominante del desarrollo. Contrario a lo que se afirmó, años después de la aplicación de las medidas neoliberales, los problemas de desarrollo se agudizaron en la región, los mercados nacionales se debilitaron, no hubo crecimiento económico, la pobreza se expandió, la gobernabilidad decayó y el Estado que había sido desmantelado perdió su capacidad de respuesta a los nuevos desafíos”.
Considero que estos documentos deben ser como mínimo, de lectura y análisis obligatorio del próximo gabinete y de los diputados electos. Y por supuesto, del resto de jerarcas públicos de nuestro país. No tengo la menor duda de que resultarían muy pertinentes y oportunos en la definición y orientación de las distintas políticas públicas que marquen como derrotero el futuro de nuestro país en los próximos cuatro años sin que con ello estemos afirmando que sean la panacea. ¡Todo un reto por delante!
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos “Diálogos sobre Justicia”.
* Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia
Socio fundador de Decálogo Abogados
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PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Lunes 02 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Rolando Vega Robert / [email protected] / Facebook: dialogossobrejusticia
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