Después de 10 meses de trabajo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público, Fuerza Pública y Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz ejecutaron la “Operación Tabo” para desarticular una banda que utilizaba mujeres y condones para ingresar y vender drogas dentro del Centro Penitenciario La Reforma, que dejó un saldo de 15 personas detenidas.
El operativo se efectuó en más de 13 allanamientos en ocho puntos del país, divididos en Purral e Ipís de Goicoechea, Garabito de León XIII, La Aurora de Alajuelita, Guararí de Heredia, Llano Azul de Upala, La Reforma en San Rafael de Alajuela y Fray Casiano de Puntarenas.
Dependiendo del lugar, la cantidad de efectivos era grande en comparación con otros puntos, como el caso de León XIII y La Reforma, que llevaron hasta los vehículos especializados conocidos como “bestias”. El trabajo se efectuó entre las 4 y las 6 a.m. de este martes.
La intervención arrojó resultados positivos, como la detención de 15 personas y el decomiso de 2 pistolas 9 mm, 1 fusil de asalto AR-15, 220 gramos de cocaína en base, 1 libra de marihuana, 15 frascos de ketamina, 115 piedras de crack, 1 vehículo, 1 motocicleta robada en Tibás el año anterior, ¢7 millones en efectivo y 1 prensa hidráulica.
A los detenidos los pasaron a celdas de la Fiscalía, donde esperan medidas cautelares y queda pendiente la captura de tres personas.
LOS DETENIDOS
Entre el Ministerio Público y el OIJ se encargaron de brindar detalles del operativo que iniciaron en mayo de 2017, entre ellos la identidad de los capturados.
Los sospechosos se apellidan Alvarado, Arias, Calderón, Cordero, Delgado, González, Lara, Pomares, Quirós, Requenes, Rivera, Rodríguez, Sandí y Zúñiga.
Este grupo está dividido en 6 hombres y 9 mujeres de entre 26 y 71 años, además algunos contaban con antecedentes penales por tráfico de drogas, homicidio, robo y secuestro extorsivo.
Tres de los detenidos se encontraban presos en La Reforma, donde cumplen sentencia por diferentes causas, y uno de apellidos Arias Matamoros, conocido como “Chapulín”, tenía más de 20 años trabajando como oficial de la Policía Penitenciaria
Emilia Navas, fiscala general interina de la República, explicó en conferencia de prensa los motivos que justifican la indagatoria y ejecución de los allanamientos.
“La investigación se inició desde hace 10 meses y en razón a la gravedad de los hechos por los aspectos de corrupción que preocupan al Ministerio Público, ya que atentan contra la resocialización de los internos en los centros penitenciarios y por asuntos de seguridad dentro del centro lo vimos en forma inmediata”, expresó.
Al principio se informó que la red trabajaba en algunos centros penales alrededor del país, pero al final solo ratificaron uno.
Michael Soto, jefe de la Unidad de Planes y Operaciones del OIJ, explicó las estrategias que efectuaron para dar con estas personas, entre ellas las requisas.
“Se aplicaron diferentes técnicas de investigación como seguimientos, intervenciones telefónicas y policiales, de forma que se lograron seis decomisos previos de droga a hombres y mujeres que la introducían en los centros penales”, detalló.
DIARIO EXTRA consultó al departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz si algunos de los detenidos tenían beneficios carcelarios, pero al cierre de edición solo detalló que Requenes no los poseía, los demás estaban en verificación de datos.
NEGOCIO REDONDO
El negocio de las drogas seduce a muchas personas sin tomar en cuenta sus consecuencias, como la muerte, pero en el caso de la venta dentro de las cárceles sus altas ganancias hipnotizan a más de uno, como el caso de los detenidos.
La forma de trabajo de esta agrupación consistía en la búsqueda de la droga, principalmente cocaína de baja calidad, crack y marihuana producida en el país, que procesaban con una prensa para formar paquetes de entre 60 y 220 gramos, denominados “tacos”, dependiendo de la demanda. El siguiente paso lo efectuaban mujeres, ya que se introducían en la vagina estos bultos envueltos en condones.
Aprovechaban las visitas conyugales durante la semana para ingresar la mercancía al centro penitenciario, apoyadas por el oficial ahora encarcelado, quien les avisaba cuándo podían entrar y así evitar las requisas.
Los líderes de la agrupación concluían el plan al recibir los paquetes, que horas después vendían en los pabellones A2 y B5 de Mínima Seguridad.
Había tres líderes, uno fuera de la prisión que buscaba las drogas para introducirlas en la cárcel, y dos adentro que fiscalizaban las ventas y las ganancias.
Cálculos de DIARIO EXTRA demuestran que en 10 meses estas personas ingresaron alrededor de 26 kilos de estupefacientes, generando beneficios por hasta ¢96 millones. Cada “taco” valía ¢400 mil y las mujeres ganaban solo el 10%, o sea ¢40 mil aproximadamente.
Debido a que en una cárcel la posibilidad de comprar drogas disminuye, los líderes aprovechaban esta ventaja para aumentar sus ventas, ya que en números del OIJ en la calle pueden ganar solo la mitad.
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CRÉDITOS: Fotos: Cristian Cartín y OIJ
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Miércoles 07 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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