Utilizando preguntas técnicas y presentando una serie de consultas, dos miembros de la junta directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) lograron retrasar casi seis meses el proyecto San José-San Ramón.
Así consta en la transcripción de distintas actas del Consejo de Administración del Conavi en poder de DIARIO EXTRA, en las cuales se observa como Christian Campos y Mónica Navarro realizaron un sinnúmero de consultas que retrasaron el proyecto.
Las quejas y consultas de los directores se basaban en su inconformidad con la adenda solicitada por el Banco de Costa Rica (BCR), institución encargada del fideicomiso de la obra.
Esto a pesar de que sabían que de no llegar a un acuerdo o bien de ceder a las peticiones del BCR, sería la Contraloría General de la República (CGR) la que tendría la última palabra en aceptar o no las exigencias del banco.
De acuerdo con las actas 1410-17, 1411-17, 1415-17, 1418-17, 1419-17, 1422-17 y 1428-17, los directivos del consejo solicitaban más tiempo para analizar estudios que ingresaban.
“El director Christian Campos solicita que se retire del orden día los artículos correspondientes a la adenda al contrato de fideicomiso del proyecto San José- San Ramón (...) debido a que los documentos atinentes fueron remitidos tarde”, se lee en una de las actas.
Las solicitudes van desde presentaciones sobre el estado del proyecto hasta para que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda lleve a cabo un informe especial con recomendaciones de cómo proceder ante las peticiones del BCR.
MINISTRO CORROBORA RETRASOS
Ante lo que mostraban las actas, DIARIO EXTRA consultó a Germán Valverde, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre los retrasos y confirmó la veracidad de estos.
Sin embargo, Valverde fue claro en que debido a la naturaleza de la mesa directiva del Conavi, la cual está compuesta por distintos sectores, las opiniones e intereses pueden variar entre sus participantes.
“En el caso del proyecto de adenda, eran modificaciones a un contrato que ya se había elaborado en conjunto entre Conavi y el BCR para que el proyecto se desarrollara bajo esas reglas”, dijo.
“Inicialmente el BCR había sometido más de 80 cambios al contrato que requirieron de una revisión, en todo ese proceso se mantuvo a la directiva informada y don Christian y doña Mónica externaron sus preocupaciones”, continuó.
Las dudas y consultas sometidas conllevaron a que cada vez más se postergaran los acuerdos y la búsqueda de la aprobación del escrito, haciendo que se fueran acumulando hasta el resultado que se conoce hoy.
Tal fue el problema por la no aprobación que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, envió un mensaje a las autoridades del MOPT para que apresuraran el paso en la toma de la decisión.
Al mismo tiempo, fue claro en que ningún miembro de la directiva está obligado a votar o aprobar ninguna de las misiones si no desean hacerlo, pues cada uno tiene su perspectiva, lo que en ocasiones como esta se den retrasos grandes.
LAS EXIGENCIAS DEL BCR
El BCR solicitó modificar puntos como que sean empleados de su institución los que manejan el proyecto y no un profesional externo, pues los cambios implican omitir un concurso para crear la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).
La UAP sería el grupo técnico encargado de administrar desde los responsables del desarrollo de los carteles de licitación, las evaluaciones, de todo el proceso, así como las contrataciones de servicios y de obras que se estarían ejecutando.
Esto representa una manera de contratación que debe ser modificada por completo, pues no es compatible con los principios de Contratación Administrativa, el precio quedaría establecido en función de los perfiles que sean definidos y un rango de montos de pago por servicios que se establecen previo al concurso.
En el caso del BCR, básicamente el fideicomiso, tendría que asumir los montos de salarios que el banco ya bajo su estructura salarial maneje como pago a esos profesionales que ya tiene contratados de acuerdo con sus criterios.
En otras palabras, no habría opción de que se ponga un límite salarial como tal, sino que si el banco cree que un empleado el cual tiene un salario elevado debe trabajar en ese proyecto únicamente lo trasladará, mientras que en un cartel el costo de un profesional igual puede ser mucho menor.
De aceptar esto, se asumiría que la estructura de salarios es la correcta y que el personal que la institución bancaria traslade sería el idóneo sin que se conozcan los atestados previos como en se haría en concurso.
También, todos esos costos se trasladarían al fideicomiso, como parte de la unidad administradora del proyecto, al igual que los salarios de ese personal, lo cual se tendría que recuperar en las tarifas de peaje que se cobren.
Además de la contratación para la UAP, otros aspectos que la entidad financiera ha pedido cambiar ha hecho perder tanto tiempo que ya se han perdido alrededor de 90 días en los que se pudo realizar las contrataciones necesarias.
El banco ha buscado colocar dentro de los contratos procesos pequeños que no son necesarios en la modificación del contrato refrendado por la Contraloría General de la República (CGR) por lo básicos que son.
El acuerdo tomado a principios del mes de junio deberá ser aprobado por la Contraloría y esta determinará si los cambios son válidos o no en este proyecto, algo que pudo haberse hecho hace meses.
Ahora, la Contraloría deberá revisar todos los argumentos para decir si es viable dar tanto poder al BCR, algo que podría tomar semanas e incluso meses en saberse con certeza.
