Los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales protagonizan una polémica por la discusión del proyecto de ley con que se pretende ampliar la aplicación del impuesto del 5% a la producción del cemento a la importación del producto.
El pleito se origina por los cambios que incorporaría la distribución de los recursos. El liberacionista Juan Marín asegura que con esta propuesta se afectaría a las municipalidades de Guanacaste.
“Estamos 100% opuestos porque eso les hace daño a las municipalidades de Guanacaste, al variar la distribución, ya no será solo en las municipalidades donde se produce el cemento, sino a nivel nacional, y entonces le van a quitar casi ȼ1.200 millones del impuesto al cemento a las municipalidades de Guanacaste”, criticó Marín.
DIARIO EXTRA conversó el congresista Marco Redondo, quien es proponente del proyecto y rechaza los argumentos de Marín.
“No hicimos modificación sobre el fondo del impuesto, sin embargo, le dijimos (al diputado Juan Marín) que para que tenga tranquilidad, lo podemos analizar para que él quede convencido. En el fondo el deseo no era modificar la estructura en favor de los municipios de Guanacaste, en Cartago hicimos una recalificación sobre algunas organizaciones que ya no existen y se estaban girando recursos, y por lo tanto establecemos nuevos beneficiarios”, alegó Redondo.
En el caso de los ingresos generados por el cemento producido en Cartago, elimina el dinero que se les gira a los colegios Sagrado Corazón de Jesús y Seráfico para trasladarlo al Colegio Universitario de Cartago y a la Asociación de Desarrollo Específico para Enfermos Alcohólicos; además, destinaría fondos a la Corporación Hortícola Nacional.
Ambos legisladores coinciden en que el impuesto es una “compensación ambiental y social” ante la producción del cemento.
Según la propuesta de ley, del cemento que se produzca en Guanacaste se distribuirá entre todas las municipalidades de la provincia por partes iguales, pero lo que responde a la importación se distribuirá a todos los ayuntamientos del país.
“Se generó el impuesto del 5% porque hay una afectación, si usted va a la planta de Cemex en Guanacaste se va a dar cuenta que estamos destrozando una montaña y además de pagar un impuesto minero, se paga el impuesto del 5% por el daño ambiental y por el daño que ocasiona a la provincia”, insiste Marín.
La propuesta se mantiene en discusión al seno de la comisión legislativa.
