Sin acuerdo y con posiciones antagónicas que de momento parecen lejos de resolverse. Así se resume el encuentro que tuvieron los gremios del Poder Judicial con los diputados que integran la comisión especial que analiza una reforma al régimen de pensiones de la Corte.
Mientras el presidente de la comisión, el socialcristiano Johnny Leiva, decretaba un receso a solicitud de la liberacionista Sandra Piszk para mantener una encerrona en privado y analizar qué camino tomar, cientos de empleados judiciales se aglomeraban afuera del Congreso al calor de la huelga que ya cumple una semana.
Finalmente, la sesión comenzó y se les dio la palabra a los representantes gremiales. Roberto Montero, Jorge Morales, Hernán Campos, Adriana Oracú y Juan Carlos Seviani, del Frente de Organizaciones del Poder Judicial, señalaron a los legisladores los errores que consideran tiene el estudio actuarial que elaboró la Universidad de Costa Rica (UCR).
DUDAS
Oracú resumió las dudas que ellos ven en el estudio de la UCR y que insisten deben tomarse en consideración para la elaboración del proyecto de ley.
Por ejemplo, se habla que el estudio establece cuatro escenarios, porque no se tomó en cuenta la tasa de rendimiento activo del régimen del 4,55% y les extrañó que la base del escenario positivo fue del 3%.
“Si pasamos de un 3% a un 4,55% tenemos solvencia absoluta y más bien hasta superávit y esto es vital”, afirmó la jueza.
Otro cuestionamiento es que en apariencia el estudio no tomó en consideración reservas por ¢468 mil millones que tiene el fondo a febrero de este año.
Oracú agregó que ellos insisten en mantener el aporte patronal en el 11% y no subirlo al 15% como dice la UCR, además que los 35 años de servicio que se proponen son excesivos, así como elevar la edad de retiro a los 65.
¿POR QUÉ AHORA?
La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó por qué hasta ahora se habla que hay una base errónea de cálculo, cuando la comisión esperó 6 meses el estudio de la UCR y los gremios insistieron que se respete lo que este indicara.
“No entiendo entonces, hemos estado perdiendo el tiempo, porque ahora cuestionan la misma base metodológica que se corrió, el modelo de Ciencias Económicas, nos pidieron plazo para esperar los estudios y ahora nos dicen que no están de acuerdo”, cuestionó.
INFLEXIBILIDAD
Piszk preguntó si los gremios estarían dispuestos a aceptar negociar con un texto alternativo, dejando de lado el de los gremios y el llamado documento de la Superintendencia de Pensiones (Supen), y así deponer la huelga.
No obstante, Oracú reiteró que el texto de la Supen tiene suficientes inconsistencias por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, y que en cambio el documento de los gremios ya cuenta con un aval actuarial según normas de la Organización Internacional del Trabajo.
“Yo le devuelvo la pregunta, porque si el texto de la Supen tiene inconsistencias, por qué no trabajar sobre el texto de los gremios y hacer las modificaciones que se deban hacer”, enfatizó Oracú.
Los representantes gremiales insisten en sentarse en una mesa de consenso con los legisladores para analizar punto por punto las dudas que tienen.
PUNTO MUERTO
Tras finalizar la comisión, en el Plenario el mensaje de la mayoría de los diputados es no avanzar en una ninguna negociación con los gremios hasta que la huelga sea levantada.
Guerrero lamentó la actividad de los funcionarios judiciales y reiteró que un acto de buena fe para sentarse a negociar fue devolver los cadáveres a las familias dolientes.
“Si a ustedes les pesan 16 mil familias, a mí me pesan las generaciones futuras que no saben si tendrán posibilidad de pensión”, reafirmó la legisladora oficialista.
Para la libertaria Natalia Díaz, lo que les queda es tomar una decisión responsable, pero que no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa que esto ocurra, sino de los jerarcas de la Corte.
“Esto es un tema técnico, no político, en eso no podemos perder la perspectiva y el texto que se debe confeccionar diferente al de la Supen y al de los gremios es con base al criterio técnico del estudio de la UCR y no por la presión de la huelga”, indicó.
MOCIÓN
Cerca de las 7:30 p.m. en la sesión extraordinaria de la junta, se aprobó una moción con el voto de 7 de los 9 legisladores para apegarse a la construcción del nuevo texto a los “criterios técnicos del Instituto e Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR”.
Luego el parlamentario Jorge Arguedas, del Frente Amplio, presentó otra moción para que el texto en discusión fuera el entregado por los gremios, pero fue rechazada por la mayoría de los diputados.
LEGISLADORA DENUNCIA AMENAZAS
La legisladora Marcela Guerrero denunció en el plenario que a raíz de sus posiciones que ha dado primero en el tema de los autobuseros y ahora en el Poder Judicial ha recibido amenazas anónimas. “He recibido llamadas anónimas donde se me amenaza sobre dos temas puntuales, uno sobre el uso de recurso públicos en viajes y consumo en el cafetín del Plenario y otro sobre una exasesora de mi despacho, a quien se le venció el plazo del nombramiento estando embarazada”, explicó Guerrero Campos.
“Hago pública esta denuncia porque quiero aclarar ambos temas. Respecto al primero, estando en la vicepresidencia de la Asamblea realicé dos viajes a Guatemala y uno a Perú, yo pagué en febrero de 2016 por los costos de tiquetes aéreos y viáticos y también hice la devolución por los alimentos que había consumido en el cafetín, pagué en total un ȼ1.965.810”, agregó.
Insistió que no viaja con recursos públicos, lleva su propio café y galletas para comer en el cafetín.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar y Herbert Arley
EMAIL: [email protected]
Jueves 27 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA