La meta del 2020
Editorial
En Costa Rica 1 de cada 3 niños y adolescentes sufre escasez de recursos. En números mayores, de 300 mil menores, 100 mil están en condición de vulnerabilidad, lo cual los hace propensos a integrarse en el mercado laboral antes de tiempo, sin que nadie pueda medir las consecuencias.
Datos del Ministerio de Trabajo revelan que habría más de 500 mil personas menores de edad trabajadoras, más del 50% son menores de 15 años, es decir no tienen la edad requerida por ley para laborar, como lo estipula el artículo 92 del Código de Niñez y Adolescencia.
La Encuesta Nacional de Hogares arrojó que el año anterior hubo una reducción en la tasa de ocupación de cerca de 12 mil personas menores de edad trabajadoras entre los 5 y 14 años al pasar de un 4,3% a un 3,1%.
El trabajo infantil es una preocupación de nunca acabar, lo cierto es que muchos adultos abusan de los menores y los envían a las calles a buscar el sustento. Muchos de estos niños proceden de zonas rurales de Alajuela, San José y Puntarenas, dedicados al servicio doméstico, tareas comerciales, industriales y agropecuarias.
El restante, cerca de un 60%, está inmerso en labores peligrosas que ponen en riesgo su salud y su integridad física, como la explotación sexual comercial.
En el mundo cerca de 168 millones de niños trabajan a tiempo completo, sin garantías, son víctimas de abuso y lo peor es que casi esclavizados por sus propios familiares.
El trabajo infantil es ilegal, por eso Costa Rica hace grandes esfuerzos para erradicarlo y para el 2020 cumplir la meta de ser un país garante de la seguridad e integridad de los menores.
La sociedad poco a poco ha comenzado a visualizar este como un objetivo común y contribuye para cumplirlo.
Existen sectores de nuestra población que no escapan a tal realidad, las poblaciones migrantes son muy propensas a este tipo de abusos y no debe bajo ninguna circunstancia interpretarse el trabajo infantil como un aspecto cultural, como han querido justificarlo en algunas ocasiones.
Una cosa es enseñarles a los hijos a ganarse el sustento con honradez y otro asunto es explotar, abusar y denigrar a los menores de edad, más cuando son apenas niños en edad escolar.
Con esto no decimos que enseñar a los menores a trabajar es malo o irresponsable. ¡No! Los padres estamos en la obligación de mostrar el esfuerzo diario que implica llevar los alimentos y el vestido al hogar; es un tema de responsabilidades y obligaciones, sin dejar de lado los derechos.
En muchos casos los niños ayudan a sus progenitores en labores del hogar o de algún negocio, pero eso es diferente a obligarlos a proveer dinero u otro tipo de recursos.
Trabajar no hace malo a nadie, pero todo en las medidas exactas y al tiempo correcto.
Hay situaciones evidentes que deben ser atacadas de raíz y con ello posiblemente las estadísticas se tornen cada vez más positivas. Por ejemplo, la deserción estudiantil, la migración, la orfandad y la pobreza son situaciones de vida que lanzan a la calle a miles de pequeños y que probablemente tengan una respuesta, pero más que nada son una responsabilidad del Estado.
Promovamos de una vez por todas que lo convenido no quede en el papel, hagámoslo verbo, acciones inmediatas para cumplir la meta del 2020, fecha en que se pretende acabar con las cifras nefastas del trabajo infantil.
Elaboremos nuestra propia protesta contra quienes de forma abusiva obligan a los niños y adolescentes a buscar sustento cuando su derecho es permanecer en los salones de clases, bien alimentados y vestidos, saludables y alegres.
Reforcemos desde el hogar valores como el esfuerzo, la honestidad y el respeto por el trabajo. Si bien es cierto debemos fomentar los derechos de los niños y adolescentes, así como resguardar su integridad, también urge trabajar en inculcar sus responsabilidades en la sociedad, el hogar y los centros educativos.
No se trata solo de erradicar un problema social de grandes dimensiones, se trata de sembrar pensamientos positivos, proactivos y propiciar oportunidades para el futuro de las nuevas generaciones.
