Los diputados que integran la Comisión Especial de Pensiones que analizan la reforma al régimen de jubilaciones del Poder Judicial se cansaron de esperar los resultados del estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) y acordaron por mayoría acoger un texto sustitutivo presentando por la Superintendencia de Pensiones (Supen), que se presentará como base para someterlo a una votación y posterior dictamen.
Con esta decisión los legisladores, a excepción del frenteamplista Jorge Arguedas, rechazaron otra propuesta que fue presentada por los gremios de la Corte y corren para impulsar un proyecto, luego de que semanas atrás los actuarios de la UCR indicaron que el régimen del Poder Judicial tiene un déficit de ¢5,3 billones.
Incluso el actual superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, que compareció este miércoles ante los congresistas, señaló que dicha cifra podría subir hasta los ¢10 billones en un “escenario malo”.
“Una vez que un régimen entra en esos desbalances se tiene un escenario base que puede llegar a ser mucho mayor”, manifestó Ramos.
De acuerdo con la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien integra la comisión, el texto de la Supen se basa tanto en el estudio de Melinsky del 2012 y en los dos primeros criterios técnicos del actual informe.
“Con los sustentos que hasta hoy se tienen la Supen elaboró un texto sustitutivo que aprobamos hoy, donde se está aumentado a 65 años la edad de retiro, reconociendo los 30 años laborales de salario, se pone un tope a pensiones, incluidas las de los magistrados y establece condiciones nuevas para casos donde se quiera jubilación de forma previa”, explicó Guerrero.
Además, la propuesta incluye pasar al presupuesto de la República las personas que ya están jubiladas y los que estarían a 18 meses de serlo, una vez publicada la ley, en el supuesto de que el régimen no pueda sanearse.
Otro escenario para salvar al régimen es que se aumente hasta en un 50% la cotización que realizan hoy los trabajadores del Poder Judicial.
TIEMPO APREMIA
Guerrero dijo que el tiempo se acorta, tanto es así que la reforma que se acordó aplicarle una “vía rápida” en el Congreso ya tuvo una ampliación del plazo en comisión, esperando los estudios finales de la UCR.
“Hoy estamos consultados si es posible volver a ampliar el plazo, porque la Corte y la UCR nos habían dicho que para enero estaría el estudio completo, y en marzo anterior nos dijeron que estaría hasta junio, lo que hace la Supen es dar una salida con el diagnóstico inicial, todo se puede mejorar, pero nosotros tenemos plazo”, enfatizó la legisladora.
ILEGAL
Para los representantes gremiales del Poder Judicial, la acción de los diputados al acoger este texto de la Supen es ilegal.
Así lo ratificó Randall Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales.
“La actuación de la Supen no tiene apego a la ley, porque ellos no tienen la potestad de presentar un proyecto de ley, es decir desde nuestro punto de vista no tiene un procedimiento ilegal, porque no lo presenta ningún diputado, y la superintendencia no tiene la competencia para ello”, añadió.
Segura insistió en que se debe esperar los resultados del estudio de la UCR, que serían la base para plantear cualquier reforma.
Agregó que se tomó, en este nuevo texto sustitutivo, los resultados de un estudio actuarial del 2012, cuando se ha dicho a nivel jurisprudencial que estos análisis no pueden tener más de 2 años de antigüedad.
“En esa propuesta se está diciendo que a todos los pensionados se les va a quitar un 30% y que eso iría a la Caja Única del Estado, y así no hay posibilidad de darles seguimiento a esos dineros, esto nos parece sumamente contradictorio a lo que la ley le dicta hacer a la Supen”, agregó.
Para Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, fue una sorpresa la decisión de los congresistas y lamentó que no se esté respetando el acuerdo que existía para esperar los resultados del estudio de la UCR.
“Los empleados del Poder Judicial están inquietos y sorprendidos y los gremios tenemos que canalizar esa preocupación de la mejor forma para llegar a una solución a este tema”, comentó.
La comisión legislativa tiene hasta el 5 de abril para enviar un texto al Plenario para lo cual se podría volver a pedir una ampliación.
TEXTO GRAVOSO
Para los gremios de la Corte, la propuesta hecha por la Supen es mucho más agresiva.
Edad: Se aplica 65 años para todos los funcionarios y no toma en cuenta que las mujeres deben pensionarse antes.
Tope: Se establece un tope de 10 salarios a los pensionados, calculado según el sueldo más bajo de la Corte, es decir poco más de ¢3,9 millones. El proyecto de los gremios hablaba de 12 salarios base, alrededor de ¢4,7 millones.
Contribución solidaria: El proyecto establece que a todo pensionado actual y futuro de la Corte se le rebaja un 30% de su jubilación que contribuiría a financiar el régimen.
Fuente: Texto sustitutivo de la Supen
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 30 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
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