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Opinión

No es justo que jueguen con la educación

Editorial

En el momento que un hombre y una mujer se convierten en padres saben que les van a dar a sus hijos lo mejor para que lleguen a ser personas de bien. Todo esto dentro de sus posibilidades económicas, sin importar si deben hacer mil sacrificios.

Esto incluye educación, alimentación, amor y algunas cosas materiales como son la vestimenta y los juguetes, que a todos los niños les agrada recibir para su cumpleaños, Navidad y algunas otras fechas especiales. 

Cada padre que vela por la educación de sus hijos siempre busca los mejores centros educativos privados, donde esté el personal más capacitado, pero sobre todo donde reciban una instrucción de calidad, muchas veces sin escatimar en pagar altas sumas de dinero.

Muchas de estas instituciones cobran cuotas tan elevadas que con lo que se cancela por concepto de matrícula y mensualidad muchas familias podrían pagar casa, comprar alimentos y aun les sobraría para darse algunos lujos.

Ante este escenario no entendemos por qué muchos quieren aprovecharse de estos padres, que desean darles la mejor educación a sus hijos, para abrir centros de enseñanza que venden como la mejor opción y al final cierran de un día para otro.

Seamos realistas, los centros educativos pueden ser muy rentables, siempre y cuando se sepan administrar bien, como todos los negocios, pero si alguien espera hacerse millonario tampoco lo va a lograr. 

Como todo negocio, deben cumplir con obligaciones. Precisamente aquí comienza el problema porque muchos pretenden aplicar la ley del embudo, entonces es cuando empiezan a amarrarle el perro a la Caja Costarricense de Seguro Social, a pagar sueldos de hambre a los profesores, algunos de ellos no graduados, y darles mantenimiento a las instalaciones no les pasa por la mente. 

No son uno ni dos casos los que se reportan al año sino tantos como para que el Ministerio de Educación Pública tome cartas en el asunto y ejerza un efectivo control en quienes están abriendo escuelas y colegios.

Se sabe de casos donde una persona abre un centro educativo y lo cierra porque debe mucho en cargas sociales, pero meses después inaugura otro. ¿Cómo es posible que nadie se lo prohíba, que ninguna ley se lo impida? ¿Dónde están las autoridades para velar que dejen de estafar a padres de familia que lo único que pretenden es dar una educación de calidad a sus hijos?

Un claro ejemplo de estas injusticias fue el instituto que cerró el año anterior, donde los padres ya habían comprado uniformes y pagado matrícula y mensualidades, en algunos casos las de todo el año. Tuvieron que correr para buscar dónde ubicar a sus hijos, pues no podían quedarse sin estudiar.

Tiempo después, investigando al dueño, se dieron cuenta que no era el único centro educativo que había abierto en los últimos años, y peor aún, cuando estudiaron las deudas con la Caja se enteraron que eran incobrables. 

Este año 22 centros educativos tienen amenaza de cierre por deudas con el Seguro Social, según datos de la Dirección de Cobros de la Caja. 

Si usted quiere matricular a su hijo en un buen colegio primero averigüe el historial de esa institución para comprobar que no está incluida en la lista de morosos y así no se lleve la desagradable sorpresa de saber que los dueños aprovecharon la noche para cerrar y desmantelarla.

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