La alerta de un cierre técnico en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) se hará realidad el 30 de setiembre, así lo anuncia el director ejecutivo de la junta interventora, Carlos Murillo.
Por semanas Judesur ha dicho que la aplicación de la nueva ley provocaría la paralización de la institución, por lo que presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo alegando daños y perjuicios con la nueva normativa, solicitando una indemnización por ¢7 mil millones y una acción de inconstitucionalidad.
“Hoy (ayer) es un día que marca la trayectoria de Judesur, estamos enviando al presupuesto ordinario a la junta directiva plasmado sobre una base en la que ya nos obliga una norma legal a actuar en función de la nueva Ley 9356. Situación que ya se había advertido, en diferentes niveles de responsabilidad.
Ya se nos acabó el tiempo porque hay una norma que establece que tiene tiempo la administración activa hasta el 30 de setiembre para presentar ante la Controlaría General de la República los presupuestos ordinarios del siguiente año”, declaró Murillo al medio regional Colosal.
El director ejecutivo asegura que para 2017 el primer presupuesto quedaría en números rojos con un déficit de ¢1.332 millones, impidiendo que se garanticen servicios básicos y el pago de remuneración, provocando como efecto directo la paralización del Depósito Libre de Golfito.
“Con el cierre técnico hay un efecto que es secuencial, de la administración de Judesur dependen 48 familias, pero también repercute en el Depósito Libre de Golfito al no poder dar los servicios antes mencionados. Si la administración activa no está funcionando, no podrá hacer los giros necesarios para que el depósito siga funcionando, todos los proyectos que han sido financiados no podrán ser girados porque no alcanza la nueva ley.
Ya con la nueva ley en operación hemos tenido ingresos por debajo del 50%, eso quiere decir que no están alcanzando los ingresos para pagar los egresos del año”, agregó.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Murillo, pero al cierre de edición no fue posible, sin embargo a través de su encargado de prensa confirmaron la información.
La junta interventora, nombrada por el Consejo de Gobierno, ha confrontado al Poder Ejecutivo y a los diputados al oponerse a esta nueva legislación.
El gobierno confió la intervención de Judesur en cinco miembros desde octubre de 2014, con el fin de erradicar anomalías en la gestión administrativa. El nombramiento inicialmente era por dos meses pero se prorrogó.
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CRÉDITOS: Foto: Sidney Brown
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Sábado 24 Septiembre, 2016
HORA: 12:00 AM
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