Verdades a medias
Marlon Rodríguez Acevedo*
Dice un viejo adagio que quienes cuentan verdades a medias algo esconden.
Este es el caso de una serie de artículos que han estado circulando en redes sociales sobre transporte público, firmados algunos de ellos por exfuncionarios públicos que nunca rindieron cuentas durante su gestión y se excusan de sus errores endilgando culpas a los demás.
Primera falacia: existen cerca de 500 prestatarios de esta actividad, de los cuales 340 tienen una flota menor o igual a 20 autobuses. Por lo tanto, no es cierto que un pequeño número de operadores controla la mayoría de la flota y de las rutas.
Segunda falacia: los esquemas operativos aprobados por el Consejo de Transporte Público están en función de la realidad operativa de cada ruta. Después de 17 años de regulación de la actividad la Aresep los desconoce dado que nunca visitan a los operadores para conocer su situación y las necesidades de los usuarios.
Por alguna razón misteriosa, los artículos en redes no dicen a los ciudadanos que cada año deben pagar mayores cánones por las indemnizaciones originadas en demandas a esa entidad, que en el 2016 implica una reserva presupuestaria de 850 millones de colones.
Tercera falacia: la metodología tarifaria heredada del MOPT corresponde a una herramienta utilizada en varios países -hasta hoy ninguno a cuestionado los valores aplicados- que considera la depreciación acelerada de la flota, con el objetivo de estimular la inversión para mejorar las unidades existente y, por ende, la calidad del servicio. ¿Es pecado que el dueño de la pulpería venda la refrigeradora vieja? ¿Será que quieren regresar a los años 70?
Cuarta falacia: es extraño que economistas liberales de pronto vean mal a la competencia del mercado, cuando siempre lo han alabado. La integración en el transporte público permite mejores modelos operativos bajo esquemas independientes de operadores.
Quinta falacia: La Aresep no debe otorgar las concesiones, definir las condiciones operativas y a su vez fijar las tarifas, pues, como dice el pueblo “tocan la campana, dan la misa, y recogen la limosna”.
La división de funciones estatales le otorga potestades distintas al ente rector y al regulador y es sano evitar la concentración de funciones generadoras de desorden y caos institucional.
Sexta falacia: La Aresep, tal vez por desconfianza, pide los mismos datos que exige y tiene el CTP. Lejos de simplificar los trámites, la Aresep pide y pide información que luego no utiliza y echa mano de datos viejos, con el peligro de definir tarifas inferiores al equilibrio financiero.
Sétima falacia: la Aresep estableció un mecanismo para verificar si las empresas están en mora en sus obligaciones patronales, impuestos municipales y nacionales. Aresep hace la verificación directa del cumplimiento de las obligaciones y cargas laborales con las respectivas instituciones y no los concesionarios.
Octava falacia: la iniciativa del pago electrónico siempre fue acogida por el sector empresarial y, más bien, han sido los operadores -los que por su propia iniciativa- han desarrollado sistemas de pago electrónico, tema del que la prensa ha informado.
Decir que son los empresarios o el sector transporte el que se opone al pago electrónico es mala fe y un intento descarado de engañar a la población.
Novena falacia: la contratación de estudios de la Aresep para determinar la cantidad de pasajeros transportados es objeto de cuestionamientos. Por ejemplo, en el caso de la empresa Tobosi emitieron dos informes contradictorios que sientan un precedente nefasto de las reglas que se aplican.
Por alguna razón desconocida, en las publicaciones que circulan en redes se omite indicar que la metodología establecida para recoger y procesar la información para fijar la demanda con esos estudios no es transparente, ya que nunca se sometió a consulta, ni fue aprobada por la Junta Directiva de Aresep, ni tampoco dicen que la misma difiere de la utilizada por el ente rector.
Décima falacia: Sobre el modelo tarifario, la falta de visión de la Autoridad Reguladora se orienta únicamente a rebajas de las tarifas.
La aplicación de ese modelo debe generar sospechas del interés malévolo que puede existir detrás, ya que, de aplicarse, podría generar la quiebra de pequeñas empresas de transporte público.
