La renuncia de dos gerentes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la prescripción de una causa de peculado que podría ascender a ¢9 mil millones, así como la omisión de las recomendaciones de informes de auditoría, son las alertas que menciona el diputado socialcristiano William Alvarado para intervenir la institución.
El legislador mencionó en el plenario, el pasado miércoles 3 de febrero, la noticia que DIARIO EXTRA publicó sobre la renuncia de Ricardo León e indicó que al INA lo tienen secuestrado y nadie hace nada por él.
INVESTIGACIÓN POR FRAUDE
El Ministerio Público allanó en 2009 las sedes del INA en La Uruca, San José y Heredia, como parte de una investigación por un supuesto fraude en la contratación de empresas para impartir cursos de inglés e informática.
La acción fue ejecutada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Corrupción en conjunto con agentes de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con la información, se investigaba la legalidad en el manejo de cerca de ¢6.500 millones girados a 30 empresas privadas. Se trataba de contratos que fueron suscritos entre mayo de 2008 y mayo de 2009.
"A la fecha no se ha resuelto absolutamente nada. Aquí mismo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se habló del exagerado gasto en horas extra y en el INA no pasa nada; de ahí la necesidad de intervenirla como tal, que el Presidente se preocupe por esta institución, que es fundamental para el desarrollo económico y social del país", manifestó el socialcristiano.
Consultado sobre el pedido de intervención Mainor Rodríguez, presidente ejecutivo del INA, manifestó a través de un correo electrónico: "Durante mi gestión he atendido los temas prioritarios en la función sustantiva del INA. En relación con las declaraciones del señor diputado, en efecto, encontramos causas prescritas, otros casos se están atendiendo apegados al marco legal vigente".
