Por segunda vez, el diputado liberacionista Rolando González exige la renuncia del presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ricardo Rodríguez.
El legislador acusó al jerarca ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección de Tributación por los presuntos delitos de defraudación fiscal, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
González, quien también es expresidente del Inder, reveló en el plenario legislativo la acusación en la que señala está vinculada la hermana del actual jerarca, la señora María Rodríguez Barquero.
Según narró los hechos, en octubre del 2007 la señora Rodríguez adquirió 290 hectáreas en el territorio maleku de Guatuso, compró la finca en ¢4 millones, violentando primero la Ley Indígena y ahora solicitando una indemnización por ¢300 millones.
“Hay dos hechos que son investigables y censurables a mi juicio, uno la finca no es poseída de buena fe, conforme a la ley, por lo tanto es una compraventa ilegal; y dos negociada por María Adilia Rodríguez Barquero, hermana del presidente ejecutivo del Inder, en ¢4 millones y le reclama al Inder ¢300 millones como indemnización, indicando que el negocio fue por ¢110 millones, lo que nunca se consignó en la escritura pública”, detalló González.
DENUNCIAS
El legislador detalló que la indemnización la solicita argumentando una invasión a los territorios. El diputado sostiene que hay ilícitos de carácter tributario.
“He trasladado a la Contraloría General de la República y a Tributación Directa los datos para que se hagan los estudios correspondientes, si hay tráfico de influencias, incumplimiento de deberes o violación de normas que sean reprochables”, indicó.
González manifestó que se estaría frente a los presuntos delitos de defraudación fiscal, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
En la carta dirigida a la contralora Marta Acosta, el congresista resalta: “Aunque el presidente del Inder debe excusarse de concurrir a la decisión de los asuntos en los que son parte sus parientes, conforme a los artículos 230 y siguientes de la Ley de la Administración Pública, de ninguna manera está exento de denunciar los hechos que podrían constituir una defraudación fiscal en perjuicio del Estado”. Asimismo, al director de Tributación Directa, Carlos Vargas, advierte de una “ficción” en la compraventa.
“Aunque es obvio que hubo una ficción en el monto de la compraventa de la tierra, debidamente conocida por el presidente ejecutivo del Inder que figura como representante del instituto demandado, este jerarca no ha formulado la denuncia correspondiente a las autoridades tributarias.
A la luz del artículo 7 de la Ley 6.999 del Impuesto sobre Traspaso de Bienes e Inmuebles, en la diferencia entre ¢4 millones y los ¢110 millones que confesó como precio real ante un juez, se evidencia una lesión a los intereses del Estado, de conformidad con la normativa del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”.
En diciembre del 2015 además de González dos diputados más, Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas, solicitaron la salida del presidente del Inder acusándolo de una inacción para atender las necesidades de agricultores.
