Diálogo urgente pero consciente
Editorial
La marcha que tuvo lugar ayer en varios puntos del país y concentró a miles de trabajadores tenía un objetivo primordial: erradicar la mala imagen que durante los últimos meses ha girado en torno a la función pública y tratar de convencer al gobierno de desistir de recortes salariales y eliminación de convenciones colectivas.
Bajo la consigna “Los empleados públicos no somos vagos ni ladrones” se lanzaron a las calles para dejar claro que los salarios públicos de los altos mandos del Estado son los que deberían revisarse, como por ejemplo el del regulador, que por mes gana cerca de ¢7 millones, tras un ajuste aprobado por la junta directiva de Aresep, así también el de algunos gerentes de bancos públicos y pensiones de lujo, entre otros rubros.
Además pidieron que las mesas de diálogo se aceleren porque la situación está complicada y con ello se vive un mal ambiente a nivel nacional. En este tema el propio presidente Luis Guillermo Solís ha sido claro, la huelga no torcerá su brazo y menos lo llevará a ceder ante peticiones antojadizas.
Si bien las manifestaciones pacíficas de trabajadores son un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, jamás deberá abusarse del recurso, pues tal potestad se concede históricamente para lograr beneficios para el pueblo, garantías.
Llaman la atención varios aspectos de esta nueva huelga que se anunció como indefinida en algunos servicios, uno de ellos es que si en realidad todos los funcionarios hubieran participado, la realidad sería otra.
Duele ver cómo un país se detiene por las batallas de algunos, los mismos de siempre, pues muchos agremiados con todo el descaro no fueron a trabajar y tampoco se sumaron a la manifestación. Son esos señores y señoras quienes no están interesados en participar y por los cuales el desprestigio toma proporciones inimaginables.
Hay funcionarios que cómodamente se quedaron en sus casas o se fueron de vacaciones en fin de semana largo, entonces si entre las organizaciones sociales y demás agrupaciones tampoco se ponen a jalar orejas y zocarse la faja, la cosa está mal desde el origen de la protesta, a la cual no todos se sumaron.
Si miles de empleados del sector público están conscientes de la situación que los aqueja y creen en la lucha por reivindicar sus derechos, lo más congruente habría sido presentarse al llamado nacional.
Así, en tal grado de responsabilidad, podrían pedirle al gobierno que se siente a la mesa y juntos tomar acciones urgentes. Aquí no es solo hablar de salarios y beneficios, aquí los burócratas también deben reconocer que hay falencias, debilidades, falta de compromiso y hasta desgaste en las instituciones, lo que afecta a los usuarios.
Más de 350.000 personas laboran en el Estado y tienen derechos adquiridos, producto de las prebendas políticas del momento, como lo reconocieron Albino Vargas y Fabio Chaves, pero eso no implica cerrarse a negociar, ceder y acordar. Al fin y al cabo si el país camina mal, todos nos vamos en la colada.
Eso sí, al gobierno en la representación del señor Presidente le toca ponerse las pilas y eliminar los abusos de los altos mandos de las entidades. Dónde se ha visto que un jerarca gane hasta un 5.000% más que sus subalternos, que haya entidades donde una persona lleva 25 años trabajando y apenas tiene un salario de ¢200.000 y otras suman seis ceros en la misma función.
Aquí también tenemos que pensar que jalarle tanto el rabo a la ternera nos lleva solo a la ruina, y cuando un país entra en crisis agárrese quien pueda, pues no hay plata.
El diálogo debe ser urgente y consciente, todos tienen que aportar a la causa y entender que no se trata de cercenar derechos, tampoco de sacar pelo con sangre, lo justo es llegar a un punto medio que beneficie a ambos, pero sobre todo a Costa Rica.
Al país no le sirven tantos paros, huelgas y manifestaciones, los que no están inmersos en la labor pública y que también son ciudadanos, generadores de riqueza, deben seguir viviendo, trabajando y produciendo.
En los últimos tiempos tal mecanismo de descontento social ha sido un recurso abusado y sin resultados, que más bien termina con saldo negativo. Este tipo de eventos debe perseguir metas claras, no implicar más bien un recurso desgastado que hasta carece de validez social.
Los movimientos son fundamentales y por ello desde estas líneas editoriales llamamos al diálogo, a la comprensión, a la conciencia tanto de los trabajadores públicos como privados, pues una nación que está tratando de salir adelante entre arenas movedizas requiere propuestas, no protestas.
Unamos esfuerzos, sector público, empresarios y autoridades, busquemos soluciones razonables y convenientes para el país, no para unos cuantos.
