Setena, veinte años y la transformación urgente
Jose Pablo Méndez, Mag. / [email protected]
En la actualidad, la protección del ambiente no es una opción. Aunque esta realidad es aún vista como un obstáculo, en lugar de una oportunidad de mejora.
Para 1995, mediante la Ley Orgánica del Ambiente, fue establecida la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), y su objetivo consistía, evidentemente, en intentar encontrar un medio de armonizar el ambiente con todos los procesos productivos desarrollados en el país.
Desde entonces, veinte años han pasado, y su labor es objeto de debate.
En el escenario de la discusión, se centra en una doble presión. Por un lado, las constantes quejas de los sectores empresariales a raíz de los tiempos y costos de las evaluaciones ambientales; y por otro lado, los sectores conservacionistas argumentando fallas y levedad en el método evaluativo a favor de otros intereses.
En el centro, una institución, que pese a representar a la administración pública ambiental en la adopción de sistemas de control de la contaminación eficaces, padece las limitaciones económicas, de autonomía y técnicas que impiden desenmarañar la línea interminable de casos de proyectos en Costa Rica.
Esta situación ha puesto de nuevo sobre la mesa el recurrente tema de la necesaria reforma de la Setena. ¿Faltan funcionarios? ¿Son eficaces las normas y métodos actuales? ¿Son congruentes sus herramientas con las tecnologías de información vigentes?
Son cuestiones de diferente envergadura, pero con una repercusión innegable sobre el rendimiento de instituciones públicas. Deberían estar en la agenda de quienes desean mejorar los resultados del sector público sin comulgar con quienes exhiben un afán doctrinario por reducirlo a toda costa.
Retomar de nuevo aquellas cuestiones debería ser parte de un debate público estimulado por dirigentes políticos con visión a mediano y largo plazo.
Esta reforma implica tomar medidas concretas para agilizar los procedimientos de viabilización ambiental sin ir en detrimento de la rigurosidad científica y administrativa del proceso. Por ejemplo, la aplicación de los instrumentos ambientales, es de índole nacional, lo cual no parece congruente en términos de cantidad de personal revisor que tiene la institución y equipo para llevarlas a cabo.
Aumentar la frecuencia de las inspecciones y garantizar el cumplimiento de las políticas ambientales. Evitar la duplicación y aclarar las obligaciones de todas las partes: instituciones, interesados y desarrolladores.
Mejorar los mecanismos de participación de las comunidades con respecto a los proyectos, que en muchos casos, siguen siendo procesos unívocos e inciertos metodológicamente hablando.
Fortalecer técnicamente el grupo de consultores ambientales, evitando algunos vicios en los informes.
Implementar un sistema de información en línea asociado a estudios de impacto ambiental, auditorias y la notificación de expedientes, acorde con las nuevas tecnologías.
Es difícil hacer un inventario preciso de las necesidades de la reforma de la institución, sin embargo, sí se debe tener en cuenta que conlleva implicaciones económicas presupuestarias para mejorar la eficacia de los instrumentos ambientales, por costes administrativos y de gestión. Por tanto es necesaria la voluntad política para hacer frente al proceso.
Después de que la profunda reforma institucional, el país podrá contar con un moderno marco estratégico de la gestión ambiental nacional, desde el cual ejercer plenamente sus responsabilidades en la materia. Asimismo, alcanzar sus objetivos nacionales y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en esta área.
