Manual de instrucciones para quebrar la CCSS
Jaime Ordóñez / La columna de Jaime Ordóñez
Un principio esencial de la justicia es la equidad. Trato igual para situaciones similares. En esto se funda la democracia. A esto quiero referirme en esta columna, la cual va dirigida a los médicos de Costa Rica, y en especial a los que trabajan en la CCSS.
Respeto mucho al gremio médico y a los trabajadores de la salud. Tengo muchos buenos amigos entre ellos: doctores generalistas, cardiólogos, oncólogos, pediatras, etc., y admiro su extraordinario espíritu científico, su gran entrega, su carácter humanitario, las muchas horas que le dedican al prójimo en situaciones de emergencia. Ser médico requiere una pericia especial. Está en juego la vida de las personas. Muchos profesionales pueden fallar, sin que sea un problema de vida o muerte: un médico no. Por lo demás, creo que los escándalos de biombos y los casos de corrupción son una pequeñísima minoría. La enorme mayoría son profesionales honestos, de gran entrega a la sociedad y a las comunidades donde viven.
Justamente por ello, como dije, esta columna va dirigida a los médicos, para que reflexionemos juntos. Existe una norma del Código de Trabajo de Costa Rica que indica que el tope máximo por cesantía para todos los ciudadanos es 8 años. Eso es lo que reciben todos los empleados del sector privado de Costa Rica, que son el 78% de la población, y todos los empleados del Gobierno central, que son cerca de un 15% adicional. Las instituciones autónomas, como la CCSS y todas las demás como ICE, Recope, etc., representan apenas el restante 7% de los trabajadores.
Sin embargo algunas de esas instituciones (alegando un principio de autonomía gerencial mal entendido) se otorgan a sí mismas y a sus empleados beneficios excesivos. La CCSS recientemente revivió una resolución para que se otorgue un beneficio de 20 años de cesantía. Ello plantea un problema: con la precaria situación económica de la CCSS y del país en su conjunto, estas medidas no sólo impactan más el gasto y comprometen el fisco, sino que contribuyen a fortalecer una sensación general de injusticia. Muchos ganan más que otros en situaciones similares. Es justo que puestos más profesionales o especializados ganen más que otros más simples. Lo que es injusto es que un mismo tipo de funcionario y perfil gane ¢1,5 millones en una institución autónoma y ¢570.000 en otra. No se trata de igualar hacia abajo, como han dicho los sindicatos, sino de igualar hacia al medio. ¿La democracia no se trata de equidad?
Muchos de los países más avanzados y más equitativos del planeta, como los escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia), tienen un sistema de remuneraciones general para todo el Estado, como beneficios similares en forma alícuota al puesto, escalafón profesional, antigüedad, pericia y otras categorías. Para iguales, beneficios similares. Son leyes de empleo público, tal como se está planteando en Costa Rica. Lo mismo sucede con Alemania, Dinamarca y otras naciones que se caracterizan por un alto desarrollo humano, por cierto rankeado por el PNUD y no por apólogos del libre mercado.
Sé que alguien contestará esta columna diciéndome que la Universidad de Costa Rica (UCR), de la cual soy catedrático, tiene un sistema una cesantía con reconocimiento de 15 años. Pues mi respuesta es simple: con la misma fuerza que siempre he defendido a la UCR por sus grandes aportes a la sociedad costarricense (y me opongo aguerridamente a quien intente denostarla), seré el primero también en pedirle a mi institución que se ajuste a una normativa general del Estado si logramos avanzar en una Ley General de Empleo y Remuneraciones. Ya es hora de que dejemos de pensar como feudos y nos comportemos como un país integrado, donde el bien común sea parte de la modernidad y el desarrollo.
