Una madre preocupada, de apellido Vargas, denuncia a un juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias porque presuntamente habría filtrado información a su exmarido sobre una acusación que puso la muchacha para solicitar un proceso en dicha institución.
"Pienso que el Juzgado de Pensiones Alimentarias trabaja eficientemente, pero sí considero que como usuaria merezco que me eliminen la duda, de si existió alguna anomalía o efectivamente la abogada del demandado consultó el expediente o no; en los Tribunales de Goicoechea, según el demandado, se lo mencionó al juez Loría vía telefónica, ya que por vía digital el papá de la bebé no lo pudo ni lo puede revisar, por no tener acceso inmediato al expediente", aseguró Vargas ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. La demandante teme que su ex, siendo abogado, tenga vínculos con una o varias personas del despacho y que eso influya en las decisiones de los montos que le asignen para la pensión o que retrasen los trámites; la mujer duda de la parcialidad que puedan tener los jueces.
DENUNCIA EXPUESTA
SIN PERMISO
El 26 de febrero de 2015 Vargas puso la denuncia en el Juzgado de Pensiones del II Circuito Judicial, que daba el inicio a un proceso en contra de su expareja, de apellido Arias, en pro de benefeciar a la hija en común.
Horas después la mujer recibe una llamada de su ex y nota al sujeto alterado, cuando le dice que él conoce los detalles de la demanda que recién ella había puesto. Comprueba quién estaba a cargo del expediente y comprueba que el juez Loría, amigo de su excompañero, lo tiene.
Pocos días después la ofendida verifica el expediente judicial y se percata de que las partes están convocadas a una audiciencia de conciliación, sin tener de manera previa una cuota provisional, ni la restricción migratoria para el demandado.
A lo que Vargas indica que no quiere una audiencia por el momento, pero que necesita que le fijen un monto provisional en beneficio de su hija y una orden que evite la salida del país del padre de la menor, porque tiene familia en el extranjero y teme que quiera irse sin dar el apoyo económico correspondiente.
INFORME OFICIAL
Un informe de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial confirma que el demandado no tiene acceso a la clave del Sistema de Gestión en Línea y que su abogada tampoco, porque aún no está registrada como parte del proceso.
De comprobarse la acusación que realiza Vargas, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica que “se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes ante los tribunales, o extender su parecer sobre ellos. Los servidores que incurran en los hechos señalados serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de esta misma ley”.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica intentó conocer la versión del funcionario público por medio de la Corte, a lo que Loría respondió: “Por respeto al proceso disciplinario que se tramita en la Inspección Judicial, lo único que indico es que mi función como juez la cumplo apegado a las normas de los procesos que tramito, respetando en todo momento los derechos de las partes y la confidencialidad de los expedientes judiciales”.
Se confirmó que el trámite se encuentra en Inspección Judicial, bajo proceso de investigación.
