El diputado Fabricio Alvarado denunció supuestas irregularidades en el manejo presupuestario, y de nombramientos en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), lo que califica como una “piñata” en el manejo interno.
Alvarado enumera al menos 10 irregularidades con tal peso, que sostiene debe invertir la Presidencia de la República, debe indagares en el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y solicitará se abra una investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en el Congreso.
“El manual de transparencia salió corriendo del INVU. No les basta con poner en riesgo el derecho a la propiedad privada y la seguridad tanto de inversiones como al reglamento de ordenamiento urbanístico nacional. Ahora resulta que en el INVU están dinamitando el puente de la transparencia, dejándola en cuidados intensivos”, señaló el diputado
Entre las irregularidades señala: la desaparición de ¢1.400 millones para lo cual desde el 21 de abril del 2015 se pidió investigación a la Gerencia General; el nombramiento sin concurso del licenciado Víctor Polinaris como director jurídico, cuando este tiene demandada a la institución por el no pago de honorarios. Además, la contratación de Lorena Alpízar, en el puesto de gerente general, quien se mantiene morosa con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por ¢3 millones. También el pago de ¢100 millones a Deloitte por hacer un manual de recursos humanos para la reestructuración, que habría sido irrespetado. Asimismo, la contratación de abogados externos, cuando INVU tiene asesoría jurídica, entre ellos se contrató al expresidente del PAC, Rodrigo Carazo.
El diputado aseguró que la presidenta del INVU, Sonia Montero, debe renunciar así como la gerente general y la junta directiva.
“En el INVU parece que no escucharon cuando el presidente Solís pidió transparencia y diligencia en las funciones”, sostuvo el diputado.
