Editorial
¿Cárcel o no? He ahí el dilema
Robarse varias latas de atún podría ser causal para ir a prisión, igual conducir temerariamente, patear un animal, golpear un bebé o matar a un trabajador.
Además no pagar pensión, estafar, violar y otros delitos como cadenazos, hurtos y asaltos a mano armada. Traficar 2 toneladas o 10 puchos de marihuana, meter droga a un centro penal, aunque sean 5 gramos, también eso puede convertirse, de acuerdo con las leyes actuales, en años de calabozo.
La lista es inmensa, todo lo que se mueve en contra de la sociedad es digno de fundirse en la cárcel, así lo ha pedido la mayoría de los costarricenses a quienes administran la justicia.
Hay situaciones que a todas luces ameritan el cautiverio, otras la verdad son poco razonables y por el contrario desgastantes e inútiles, pues no se puede perder de vista que la sanción debe traer aparejada la corrección.
La inseguridad que los ciudadanos decimos sentir nos lleva a pedir mano dura, y hay quienes hasta piensan en que la pena de muerte sería una idea formidable para poner fin a la maldad en las calles, la misma que aqueja a todas las naciones del mundo, afortunadamente a nosotros en menor medida, pero es inevitable.
Si bien en las últimas décadas Costa Rica ha experimentado un aumento en la comisión de ciertos ilícitos asociados al crimen organizado, como son el narcotráfico y el sicariato, lo cierto es que los números indican que el ciudadano de a pie puede sentirse más seguro, el sistema policial se ha reforzado y la delincuencia común ha disminuido.
Las estadísticas muestran que durante el 2014 los pleitos entre bandas se cobraron la vida de casi 100 personas, fenómeno que en la historia nacional jamás se había presentado. Los demás homicidios ocurrieron por razones que las autoridades podrían desencajar del patrón de red o grupo delictivo, números menores que los de años atrás.
Mientras esto ocurre en las calles, ha surgido una polémica con el tema de la crisis penitenciaria. Desde hace días el Ministerio de Justicia está en un estira y encoge con los datos del hacinamiento carcelario, pues aduce que son sensibles a la seguridad nacional.
Más allá de esa premisa y el voto de la Sala IV sobre la necesidad de dar a conocer que en las cárceles ya no cabe nadie más, es momento de sentarse a analizar el porqué del colapso, la grave violación a los derechos de los reos y la seguridad del país bajo tales condiciones.
Con esto no damos razón alguna al secretismo, jamás, con esas estadísticas que parecen tan graves es hora de unir esfuerzos y ver realmente qué sucede, cómo el sistema carcelario tico se “desarrolló” con tanta disparidad.
Aumentan las leyes, la sociedad demanda que cada delito sea saldado con medida de privación de libertad, sin embargo al 2015 vemos que eso no funciona.
Hoy existe una ley que castiga la conducción temeraria, los piques y otras infracciones de tránsito con penas de cárcel; también hay tribunales de flagrancia muy aplaudidos por los ciudadanos, pues son la expresión más próxima a la justicia pronta y cumplida, y los espacios en los penales no crecieron ni un 5% en similar periodo.
No es coincidente que los infractores estén hoy saliéndose por las ventanas y los barrotes, no. El país lleva años en la voz de diferentes ministros y viceministros, especialistas de gobierno y no gubernamentales pidiendo a gritos una solución y esta no se ve venir, como sí el caos del sistema.
El país está en una encrucijada, o crea más espacios para meter lo que tiene y lo que está por venir, pues el fenómeno no se detiene, o analiza concienzudamente un sistema de medidas alternativas confiable.
Existen dos caminos: o se invierte en muros de 10 metros, camarotes de cemento y vigilancia, o se transforma el sistema para evitar que todo tenga que “canearse”, como dicen popularmente.
No estamos con esto tratando de alcahuetear a nadie, pues para cada acción incorrecta debe haber una sanción, pero eso no indica que la cárcel sea lo más apropiado ni lo más correctivo. Lo dicen en todas partes, la prisión es una universidad para quienes caen en ella, con pocas opciones de reivindicarse.
No es casualidad, el sistema nacional no se ha desarrollado en esa modalidad, es meramente sancionatorio.
Hay naciones en el mundo ejemplo de la aplicación de medidas alternativas, hay ciudadanos que cometen errores y pueden subsanarlos con trabajo comunal, con sanciones económicas, pero la verdad robarse un labial y parar una semana tras las rejas es algo absurdo, demanda tiempo y recursos del Estado, necesarios para financiar otros proyectos de mayor impacto.
Tener 14 mil, 15 mil y 16 mil reos no es un logro, es la muestra de lo ineficientes que somos como sociedad, pero el Estado como encargado de administrar justicia lo único que hace es dictar sentencias.
Un dato importante de valorar es la cantidad de jóvenes, mujeres y hombres recluidos. Una medida alternativa, una sanción que no implique ir a prisión, depende del delito, podría marcar la diferencia en esas vidas, de la mano de un acompañamiento institucional con opciones de trabajo o estudio.
El costo de meter la gente a prisión es mayor que si logramos como país implementar un esquema de medidas desarrollado. Los dineros para mantener a tal población se verían disminuidos por mucho en medianos y largos plazos, y con ello la calidad de vida de los infractores y sus familias.
