A las puertas de la bancarrota… y todavía deliberamos

Soy consciente de la difícil situación fiscal del país y soy consciente también de que el problema fiscal transciende el del presupuesto del Gobierno Central propuesto para el 2015, pero si no le ponemos límites a éste y no le recortamos partidas presupuestarias en forma significativa, el país enfrentará serios problemas económicos y sociales.

Como dije dos semanas atrás, “si no le socamos la faja al gobierno, el gobierno nos la socará a todos los demás”.

Esto porque el presupuesto presentado por el Ejecutivo es desmedido, y además parece haberse construido desde el desconocimiento de la realidad fiscal, económica y social que enfrenta el país.

Aplaudo por ello, ponerle límites al presupuesto y exigir que no aumente más de lo que aumenta la inflación y el crecimiento económico (lo que conoce como crecimiento nominal del PIB), al menos para las partidas que no corresponden al servicio de la deuda.

Es decir, el presupuesto no debería crecer más del 9.2% del PIB. Por tanto, deberían recortarse, al menos, 360.000 millones. Debería buscarse que, al menos, el déficit fiscal del 2015 no fuera superior al de este año.

Pero además de eso, si queremos enfrentar el déficit en sus causas, deberíamos impulsar:

a) la reforma constitucional al artículo 176 para establecer un límite al endeudamiento público y un límite porcentual máximo al déficit fiscal del 3% a alcanzar en los próximos 3 años a partir del 2015, permitiendo que una mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, pueda autorizar expresamente su superación.

Pero en ese caso la autorización deberá incluir: Cláusulas de aplicación obligatoria que limiten los gastos no esenciales; cláusulas que establezcan obligaciones porcentuales de subejecución presupuestaria; cláusulas que limiten la aplicación de exoneraciones o subsidios no exigidos directa y expresamente por Ley; cláusulas que establezcan reglas de contención del crecimiento del empleo público, de las transferencias públicas y de los beneficios reconocidos.

Asimismo, exigir que antes de la aprobación de proyectos de ley, la Contraloría General de la República deba dictaminar y proyectar el impacto presupuestario que tendrían en caso de llegar a aprobarse; y permitir que el Presupuesto General de la República pueda fijar límites máximos al crecimiento presupuestario, al empleo público y a los beneficios de las instituciones autónomas.

b) Legislar para que, respetando los derechos adquiridos, se limite el crecimiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional (deberían ajustarse únicamente por inflación) y ajustar gradualmente la edad para alcanzar la establecida en la Caja Costarricense de Seguro Social. Legislar para poner límite porcentual general a las anualidades y otros beneficios salariales sobre los aumentos acordados para el sector público.

c) Estudiar las propuestas fiscales que planteé el Poder Ejecutivo para aumentar la recaudación, así como para eliminar o reducir exoneraciones, la evasión y la elusión de impuestos; siempre que no afecten la competitividad del país, respeten el principio de reserva de ley y que vengan acompañadas de medidas, disposiciones y compromisos efectivos de contener el crecimiento de los gastos públicos en el Gobierno Central y en las instituciones descentralizadas.

Esta situación me recuerda que Cicerón, el gran jurisconsulto y político romano, hace más 2.000 años denunciaba las amenazas a la República Romana, afirmando que Catilina estaba a las puertas de Roma y que el Senado se limitada a deliberar. Hoy, Costa Rica está a las puertas de la bancarrota y todavía deliberamos.

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Sábado 20 Septiembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Rodolfo E. Piza Rocafort