Harold Villegas Román, viceministro de Trabajo, aseguró que durante su gestión habrá cero tolerancia a los actos de corrupción, por lo que hizo un llamado a los empleados a que si tienen casos que denunciar lo hagan por los canales correctos, para darles toda la atención del caso.
Así se refirió Villegas ante la denuncia publicada la semana pasada por DIARIO EXTRA, en el sentido de que al menos un inspector de Trabajo estaba asesorando a una empresa autobusera en la redacción de las cartas de despido y otras gestiones en ese Ministerio. De esta forma se despidieron a 11 dirigentes sindicales, pese a que la ley no lo permite porque están protegidos por un fuero especial. El escándalo llegó a tales extremos que la empresa fue demandada y hasta algunos colaboradores encontraron en un basurero documentos que demostrarían una multimillonaria evasión fiscal; los trasladaron al Ministerio de Hacienda para que haga una investigación a parte.
Sobre este caso de la organización Trancesa S.A., que brinda servicio Sabana-Cementerio Villegas solicitó que fuera interpuesta la acusación formal y que se aportaran las pruebas y testimonios para proceder con el análisis del caso.
Para Villegas en 30 años han sido denunciados hechos irregulares en Inspección del Trabajo, que cuenta con 150 funcionarios en las 31 sedes, pero hasta la fecha no se ha despedido a ninguno. Admitió que la mayoría son acusaciones anónimas que no aportan pruebas de lo dicho, pero generan dudas sobre el accionar de esa oficina.
“Acá habrá cero tolerancia a los actos de corrupción. Yo confío en la honorabilidad de los trabajadores, pero no pongo las manos al fuego por nadie. Si hay una denuncia se investigará hasta las últimas consecuencias, respetando todos los derechos y el principio de inocencia. Hago un llamado a los trabajadores a que estén vigilantes y denuncien cualquier irregularidad y ejerzan el control ciudadano”, comentó Villegas.
Dejó claro que no se trata de cacería de brujas, sino que se abrirán los procesos necesarios con mayor transparencia posible.
Para el Viceministro la mayoría de funcionarios es honesta y colaboradora, pero siempre puede haber una manzana podrida que cometa faltas a la ética.
Argumentó que un inspector de Trabajo tiene un salario bruto de alrededor de ¢1,3 millones, ya que está en la categoría de profesional de servicio civil II. El sueldo base es de ¢659 mil y se les paga el 65% adicional por prohibición, por lo que no pueden de ninguna manera dar asesorías a las empresas, no solo por ética, sino también porque lo tienen prohibido.
Sobre la labor de los inspectores aseguró que se lleva un control de las visitas día por día, así que no sería muy complicado corroborar los datos que entreguen los denunciantes.
Indicó que durante la presente administración se pretende buscar la autorización para contratar más inspectores, ya que 150 para todo el país es muy poco y en algunos cantones alejados hay solo uno y sin vehículos y demás implementos, que no le permiten desarrollar a cabalidad sus importantes funciones.
“Tenemos muchas limitaciones para trabajar. Los inspectores de la Caja o Hacienda pueden cerrar una empresa cuando hay irregularidades, o pueden poner multas, pero el inspector de Trabajo no tiene esos instrumentos. Tienen fe pública pero solo les sirve para levantar un acta y trasladarla a los Tribunales del Trabajo, donde el afectado debe de ir a pelear 4 o 5 años para obtener una respuesta”, concluyó Villegas.
