Cantones vulnerables como Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Osa y Golfito deberían beneficiarse con ¢30 mil millones, pero en su lugar la plata la tiene acumulada como superávit la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), creada para promover el desarrollo social y económico de esta región.
Ese escenario de mala administración presupuestaria, que suma 10 años en esa condición y ha sido denunciado en distintos informes de la Controlaría General de la República, obligó al gobierno a emprender un intervención de Judesur vía decreto.
Eso sí, el Poder Ejecutivo realizará la auditoría pero no podrá remover a ninguno de sus directivos. Según explicó Fabrizio Chavarría, asesor legal del Ministerio de Hacienda, para realizar la investigación y quitar a los miembros debería existir una ley específica para intervenir Judesur.
De acuerdo con Chavarría, la única alternativa de quitarlos de sus puestos es que una cuando la junta interventora emprenda las recomendaciones para dar un giro a Judesur, si estas son desacatadas reiteradamente, el Consejo de Gobierno resuelva su sustitución.
ANOMALÍAS
El viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, y la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga, denunciaron que entre las anomalías detectadas está que del 2007 al 2013 Judesur presupuestó ¢70 mil millones, de los cuales solo ejecutó un 43%.
La administración Depósito Libre de Golfito, instancia de la que se financia principalmente, es uno de los rubros más caóticos, para el cual se presupuestaron ¢10 mil millones y solo se ejecutó la mitad, lo que según sugieren las autoridades ha afectado la calidad del servicio que se brinda en el Depósito y ha reducido tanto el número de comercios como de visitantes.
Del 2007 al 2014 los visitantes pasaron de 239 mil a 173 mil y los locales de 51 a 35.
El programa de financiamiento de estudios por medio de becas también presenta una sensible subejecución, pues de ¢8 mil millones presupuestados, solo se utilizaron ¢2 mil millones.
JUNTA INTERVENTORA
La junta interventora está conformada por representantes de los ministerios de Hacienda, Planificación y Presidencia, quienes en un plazo de 6 meses deberán investigar la situación en que se encuentra Judesur, rendir las recomendaciones para mejorar su administración, denunciar eventuales responsabilidades penales y sugerir la separación de cualquier empleado.
El informe se lo entregarán a la junta directiva de Judesur.
