Unas 700 familias que fueron desalojados del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas hace 28 años bloquearon ayer por cuatro horas la Interamericana Sur a la altura del puente sobre el río Lagarto, en Río Claro, exigiendo el pago de su indemnización.
La protesta estuvo dirigida por Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), ya que los exoreros se afiliaron a ese sindicato luego de ser engañados por varios abogados que les ofrecían hacer los cobros mediante la vía administrativa.
Vargas explicó que la solución es que el gobierno indemnice a todos aquellos que dejaron de extraer oro de esos dos parques gemelos. Dijo que se les sacó de la zona para preservar esos parques porque se iban destruir por la minería cielo abierto.
“Se quedaron sin nada y no les permitieron seguir con su actividad. A muchos se les pagó, pero a 700 familias no, por lo que se acercaron a la ANEP y tenemos tres años con este vía crucis”, dijo Vargas.
No obstante, con el gobierno pasado lograron un acuerdo para aprobar una ley con la cual se les reconozca el derecho a ser indemnizados, pero el proyecto no fue enviado a la corriente legislativa, lo que generó la protesta de ayer.
La protesta arrancó a las 3 a.m. y se levantó a las 7 a.m. con la promesa de ser recibidos en Casa Presidencial.
Entre las peticiones que presentaron en Zapote se encuentra la aprobación por parte de Judesur de una indemnización correspondiente al desalojo que sufrieron estas personas hace 28 años del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, en la Península de Osa.
Adicionalmente piden reforzamiento en la seguridad de estos parques, ya que oreros ilegales están invadiéndolos para la extracción de oro.
En el proyecto se habló de una indemnización de ¢5 millones por exorero, pero luego se pasó a la comisión calificadora de la Asamblea Legislativa, que determinó un pago de ¢10 millones, monto que podría ser negociado nuevamente.
