Óscar González, quien fue hasta ayer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, podría recibir una condena de 30 a 46 años de cárcel, al tener que enfrentar el proceso en un tribunal común como cualquier otro costarricense, que no tiene los privilegios de la investidura que perdió ayer mediante votación en la Asamblea Legislativa.
Según gente allegada al magistrado, con este proceso expedito con el cual prácticamente se le despidió de ese puesto, ahora el expediente íntegro de la causa penal pasará al Tribunal Penal de San José, donde se le dará el mismo tratamiento de los demás casos. No obstante, por tratarse de un exmagistrado, ocupará una atención especial. Por eso en los pasillos de la Corte desde ayer corrió el rumor que en muy pocos meses el asunto irá a juicio y por supuesto con la debida atención para que su tratamiento sea ejemplarizante y nunca más un funcionario de ese nivel se arriesgue a acosar a una funcionaria.
En este caso específico, el magistrado al ser despedido sin responsabilidad patronal solo recibirá el pago de sus vacaciones y aguinaldo. Todos los millones de colones que habría recibido por sus años laborados se esfumaron. Ocurrirá lo mismo con su cesantía.
González perdió sus prestaciones y la cesantía, que en el caso del Poder Judicial es de 12 años. En pocos palabras 12 salarios de un mes.
Eric Briones, abogado laboralista, comentó que si González tiene todos los requisitos para acogerse a la pensión, lo único que perdería son sus prestaciones y el auxilio de cesantía.
González, actualmente tiene 52 años, y según la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 224, los servidores judiciales que pueden acogerse a una jubilación deben tener 62 años 30 o años trabajando en la administración pública.
Según Briones, en el caso de que el magistrado no cumpla con alguno de los requisitos para pensionarse, la ley del Poder Judicial establece que sus cuotas obrero patronales serán trasladadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En cuanto a la cantidad años que podría ser condenado los números podrían cambiar dependiendo del los jueces y de lo que se demuestre en el juicio. Según la ley los delitos de violación tienen una pena mínima de 10 años y máxima de 16. Pero además por las reglas del concurso material solo se le contabilizan 3 delitos, por lo que se le reduce la pena (está acusado de 6).
Así que la sentencia podría rondar entre 30 y 46 años por supuesto en la misma cárcel que los demás reclusos, aunque sea elevado el peligro de que atenten contra su vida por ser exmagistrado.
Sobre este tema, Tomás Poblador, defensor público y quien lo defiende en la parte penal, comentó que González únicamente fue destituido por una causa de acoso laboral.
“Nosotros seguiremos analizando cómo defendemos la parte penal. Mantenemos la tesis y vamos demostrar que los hechos no sucedieron tal como la parte acusadora lo ha dicho”, dijo Poblador.
Comentó que en relación con la causa administrativa que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se violaron los derechos de su defendido.
