Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó ayer a los directores del Consejo de Transporte Público (CTP) una audiencia para presentarle la problemática de los choferes de bus, taxis y porteadores.
“Deseamos exponerles dos situaciones que tienen relación directa entre sí, como lo son la relación asalariada que se da entre trabajadores que conducen un autobús o manejan un taxi de un concesionario, y el respeto pleno que las personas patronas de los mismos deben a la Seguridad Social vigente en nuestro país, dada la institucionalidad republicana que norma nuestra vida en sociedad, según el marco vigente del Estado de Derecho”, indica la carta.
El sindicalista indicó que con respecto a la situación del transporte público remunerado, modalidad autobús, quieren recibir una amplia explicación sobre el pretendido “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, aprobado por las autoridades anteriores.
“En lo que se refiere a los trabajadores, que son solamente choferes conductores de taxis propiedad de un concesionario, nos interesa conocer su opinión al respecto, toda vez que, hasta donde estamos conociendo su realidad, resulta impresionante constatar que parecieran vivir en una especie de régimen esclavista, lo cual es inaudito para una sociedad como la costarricense, que pregona, urbi et orbi, su respeto pleno a los Derechos Humanos”, afirmó el sindicalista.
Según Vargas, en el actual escenario político en desarrollo es conveniente citar el “compromiso ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e instituciones autónomas”, que el Presidente de la República expresó al asumir el mando.
En los últimos días han trascendido informaciones relacionadas al calvario que deben soportar los conductores de los servicios especiales estables de taxis (Seetaxi), que no pueden siquiera dar declaraciones a la prensa sin que los dueños de las empresas de porteo les quiten el código; además los rebajos salariales que hacen las entidades de buses, los cuales fueron declarados ilegales, pero se siguen haciendo.
Como si fuera poco, buena parte de estas organizaciones no cotiza a la Caja de Seguro Social o está morosa con montos millonarios y aún así sigue explotando las concesiones del Estado.
