El juzgado Penal de Hacienda notificará fecha y hora en que Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Carlos González Jiménez (ex viceministro de Hacienda) y Javier León Longhi, todos de la Junta directiva del Grupo Nación, tengan que asistir a la audiencia preliminar del caso que se les sigue: dos delitos de defraudación fiscal tributaria. De esta forma, el Grupo está cerca de sentarse en el banquillo de acusados por el caso de la compra-venta de rotativas que nunca salieron de su edificio en Llorente de Tibás.
Según informó la oficina de prensa del Poder Judicial, el juzgado recibió la acusación de parte del Ministerio Público, la cual fue notificada a las partes, y ahora se revisa que todo esté en orden para calendarizar la audiencia preliminar.
Esta será de carácter privado, las partes se referirán a la acusación y el Tribunal, luego de escuchar los alegatos, podría acogerse la acusación y elevar a juicio; el caso lleva ya 10 años en los estrados judiciales, es uno de los procesos más largos de la historia jurídica nacional marcando un récord de lentitud.
Este caso, uno de los más sonados por ser un medio de comunicación el acusado de un delito fiscal. Fue elevado al Ministerio Público en 2004 por Tributación Directa. Este ente se dio cuenta de que la empresa La Nación S.A. habría fingido la venta de dos rotativas a la sociedad Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.
Esa firma domiciliada en Belice, a su vez, habría simulado la venta a la Arrendadora Interfin S.A. por la suma de $5 millones; con lo cual, se generó una ganancia de $3 millones a la compañía de Belice.
Esos $3 millones los pierden en apariencia los demás accionistas de La Nación. No obstante, el gran perdedor es el Ministerio de Hacienda, y por ende todos los costarricenses por los impuestos no pagados, y la utilidad generada por ese extrañísimo negocio.
Con esos recursos se habrían construido escuelas, colegios o pagado becas a los estudiantes. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el monto principal más los intereses supera la suma de ¢1.918 millones.
Sin embargo, los abogados de La Nación haciendo uso de todos los portillos legales, atrasaron solicitado una y otra vez. Adicionalmente, trataron de acercarse al Gobierno para tener una arreglo conciliatorio pero como no lo pudieron, cambiaron de estrategia y pretendieron anular todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Esto ha hecho que el caso sea lento y complejo.
