La emisión de los permisos de portación de armas que entrega el Ministerio de Seguridad Publica serán cuestionados ante la Sala Constitucional para que se sigan otorgando en forma personal a los guardas privados y no a las empresas de seguridad.
Ayer un grupo de guardas privados de las empresas de seguridad más grandes del país se reunió con Édgar Morales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y luego de explicar lo que estaba ocurriendo en el sector, decidieron en las próximas horas interponer un recurso de amparo ante los magistrados de la Sala Constitucional.
Según los guardas, están siendo objeto de una injusticia por cuanto tienen que hacer una gran inversión para obtener el permiso de portación de armas y al final se lo dejan las empresas al romperse el contrato laboral. Así no pueden optar por otro trabajo, ni cambiarse de empresa.
Aseguran que para obtener ese documento no solo deben sacar tiempo, sino dinero para pasajes y efectivo para pagar los exámenes psicológico y médico que les cuesta hasta ¢50 mil el primero y ¢25 mil el segundo. También deben tramitar la hoja de delincuencia y todos los trámites necesarios pero al final el documento es emitido a nombre de la empresa. Cuando se produce el rompimiento laboral se los quitan para que no se vayan a trabajar a otro lugar.
Luego de escuchar las vivencias de estos trabajadores, Morales les ofreció interponer un recurso de amparo. “Es extraño que esto ocurra porque ese documento es personalísimo. Sería como si el Cosevi le diera la licencia de manejar a las empresas de los buses y no al conductor. En este caso la inversión de conseguirlo lo hacen los trabajadores, pero se los quitan como si fueran un activo de la empresa cuando se van, al igual que los uniformes”.
DIARIO EXTRA intentó conocer ayer la posición del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, pero no fue posible localizarlo.
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Viernes 10 Enero, 2014
HORA: 12:00 AM
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