Editorial
Una avioneta cargada con más de 1 tonelada de cocaína aterrizó como si nada en una pista aérea en Pandora, al sur de Limón. El interior estaba repleto de paquetes del polvo blanco valorados en más de ¢3.500 millones, poniéndole un precio bajito.
El saldo de la operación fue dos detenidos, que una pareja de valientes policías aprehendió tras percatarse del extraño aterrizaje. Son padre e hijo, ambos guatemaltecos, quienes intentaron huir del sitio luego de amarrar a los vigilantes del lugar.
Esa aeronave fue rentada en suelo tico para hacer un viaje a Colombia, evidentemente con el propósito antes descrito, pero lo peor, con mínimos controles de seguridad y vigilancia.
El decomiso, que se suma a las más de 17 toneladas de cocaína que durante este año realizaron los cuerpos policiales, es más que positivo, pero no deja de ser extremadamente preocupante.
Si bien no resulta noticia que Costa Rica es usada por el crimen organizado para trasegar miles de kilos de estupefacientes, también como bodega de enfriamiento antes de enviarlos rumbo al norte, lo cierto es que debería estar planificándose una estrategia más agresiva en torno al control de drogas.
Cuando decimos agresiva no aludimos a violenta, armada ni similar, jamás podríamos en este país hacerles una guerra tipo carnicería a los narcotraficantes. La historia muestra ejemplos más que evidentes del resultado del enfrentamiento entre policías y delincuentes, con saldos de civiles muertos y costosas facturas sociales.
Combatir las redes del narcotráfico fue, es y será un asunto complejo, cuyas soluciones son más que lejanas a la confrontación. La batalla contra el comercio de drogas debe comenzar con la educación desde edades tempranas, no solo de la sociedad civil como tal, sin dejar de lado la capacitación y especialización de los cuerpos policiales.
Somos presas de un grave problema que por razones poco entendibles hemos tardado en reconocer. La policía hace lo suyo y merece reconocimiento, sin embargo los ciudadanos sentimos que al asunto se le resta importancia.
No se trata solo de sentarse en un puesto de fronteras o carreteras a esperar el chequeo de furgones para desmantelar el cargamento del mes encubierto en bananos, cajas plásticas o hasta detergentes provenientes del exterior; urgen recursos, no solo profesionales sino también tecnológicos y de infraestructura.
Hay potencial para poner a caminar en Tiquicia un equipo de avanzada en el tema del narco. En este periodo solo la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública y los agentes de la sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han decomisado 18 mil kilos de drogas.
Los ejemplos del buen trabajo son clarísimos; justo el martes se desmanteló una red de traficantes que por tres años estuvo en investigación. Detuvieron a 14 personas, entre ellas lamentablemente dos policías y dos cajeros de un banco estatal.
También se descubrieron seis helipuertos manejados por grupos delictivos que atizan con la droga vía helicóptero al norte y al sur de la región. Los hallazgos fueron determinantes, ampliaron el panorama a las autoridades nacionales, pero evidenciaron que estamos frente a un asunto de dimensiones insospechadas.
Ahora andan tras el helicóptero surtidor de coca, pero tendrá que estar en tierra para proceder, pues las limitaciones propias de nuestros cuerpos de seguridad hacen imposible su captura por otras vías. No hay aeronaves para sobrevolar constantemente el área, menos combustible y tampoco personas que puedan dedicarse tiempo completo a este exhaustivo rastreo.
Todos queremos resultados, los costarricenses estamos viendo las corridas detrás de la barrera, sin embargo el toro puede y quiere brincársela. Sabemos que pese a las grandes incautaciones las debilidades persisten, además en materia jurídica los imputados por casos de narcotráfico tienen más garantías que en naciones vecinas.
Es decir, pese a la fuerte lucha que damos cada día, seguimos siendo el nidito de los narcos, el sitio perfecto para esconderse y operar. Un análisis en detalle de dichas condiciones que resultan favorables para el crimen organizado podría derivar en nuevas políticas públicas.
Insistimos, no estaría mal que Costa Rica conformara una unidad antinarcóticos revolucionada, no dos grupos policiales con una misma competencia, diferentes formas de operar y distintos objetivos. Eso estaría bien por ambas dependencias, pues la unión hace la fuerza y dos cabezas piensan mejor que una.
