Autoridades deben garantizar libre tránsito en carreteras

Un día sí y otro también, las vías públicas de nuestro país, en particular autopistas de mucho movimiento vehicular, son bloqueadas por manifestantes con las más diversas motivaciones, sin que las autoridades actúen para garantizar el libre tránsito de las personas, como está establecido en la Constitución y en las leyes de la República.

El resultado de estos actos de protesta es que por horas y por kilómetros se forman largas filas de vehículos, la gente llega tarde a sus trabajos, a los estudiantes les ocurre lo mismo con sus centros de enseñanza, y muchas personas sencillamente tienen que renunciar a efectuar diligencias que les son necesarias. El caos total.

Por supuesto, no se trata de emprenderla a palos contra los manifestantes quienes, en muchos casos, no en todos, llevan razón en su protesta. Pero no tiene absolutamente ninguna justificación que la mayoría de los ciudadanos que no tienen que ver con el problema de que se trate, se vean seriamente afectados por el bloqueo de las vías públicas.

Recientemente, le correspondió el turno a la ruta 27. Manifestantes, en su inmensa mayoría mujeres con sus niños y discapacitados se movilizaron desde Alajuelita hasta Santa Ana, a la residencia de la Presidenta de la República exigiendo respuestas a su reclamo de vivienda. El resultado fue kilómetros de vehículos varados en esa ruta por varias horas, y ninguna autoridad resolvió a tiempo el problema.

Alguna razón le asistía a los manifestantes, por cuanto funcionarios del Ministerio de Vivienda declararon conocer de la situación, pero el problema de fondo es que quienes no tienen nada que ver con la protesta son los que en última instancia sufren las consecuencias de esos bloqueos.

En todas estas situaciones críticas, prioritariamente está la responsabilidad de las autoridades y funcionarios de Gobierno. Primero, en cumplir con sus obligaciones, atendiendo como corresponde las necesidades de la gente, en particular de los sectores más necesitados, y luego en impedir sin recurrir a la violencia, que las vías públicas sean bloqueadas.

Creo que la Presidenta de la República debe girar instrucciones precisas en esa dirección, sobre todo porque ya vivimos una severa crisis en nuestra infraestructura vial que afecta la movilización de miles de personas todos los días y que no merecen ser más perjudicados por esos bloqueos que se deben prevenir atendiendo la demanda de la gente en tiempo, y que nunca se deben permitir en resguardo del derecho de movilización de las mayorías.

Estamos en tiempo electoral. Época propicia para que florezcan, con razón o sin ella, el tipo de protestas que estamos comentando, y la ciudadanía no tiene por qué sufrir las consecuencias de la impericia de quienes están obligados a evitarlas.

*Diputado

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Lunes 25 Noviembre, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Luis Fishman*