En el segundo día de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la delegación costarricense no se intimidó en dejar claro al Tribunal que la petición del Gobierno de Nicaragua es “improcedente e injustificada”, según planteó el embajador de Costa Rica ante la CIJ, Édgar Ugalde, informó Efe.
“Nicaragua carece del derecho a pedir las medidas que solicita”, dijo el embajador a los jueces del máximo órgano judicial de Naciones Unidas.
Según argumentó Nicaragua el martes, los sedimentos causados por la construcción de la ruta 1.856 a lo largo de la ribera del río San Juan, fronterizo entre ambos países, dificultan la navegabilidad del río, de allí que la nación del norte solicita el freno de la obra.
Pero dichos planteamientos fueron rebatidos por la delegación costarricense, que presentó en total estudios técnicos y científicos.
Sin embargo, Costa Rica insiste en que los nicas no han presentado ninguna prueba o estudio contundente que valide sus posiciones y sobre el particular el canciller fue enfático al indicar que los adversarios buscan “hacer un uso inapropiado” del tiempo de la CIJ solicitando unas medidas cautelares.
Para las autoridades nacionales, la construcción de la trocha es de importancia para el país, pues contribuirá al desarrollo económico y social de la zona norte del país porque se estima que se abrirán más fuentes de empleo ante un aumento en la llegada de los inversionistas.
El experto en Derecho Internacional, Samuel Wordsworth, insistió en que la zona del río San Juan “no es una región en la que se produzcan tormentas tropicales” y más bien recalcó que “Nicaragua no ha presentado ninguna prueba para demostrar que el daño pueda ser irreparable” y así justificar la petición de medidas cautelares, argumentó.
Ya ambos países presentaron sus respectivos alegatos. Hoy y mañana serán destinados para que las dos naciones hagan las réplicas correspondientes.
La tramitación de las medidas provisionales, cuya última audiencia será el 8 de noviembre, no debe confundirse con las audiencias que la CIJ celebrará en fechas aún por decidir para procesar las mutuas denuncias de los dos países sobre presuntos daños medioambientales sobre el río San Juan.
Esas audiencias también tendrán que resolver la disputa sobre la soberanía de Isla Portillos, unos humedales en la desembocadura del río San Juan que Costa Rica reclama.
