Luego de que la primera Comisión Legislativa Especial de Narcotráfico entregara su informe, en el cual dejaba en evidencia la participación de altos jerarcas públicos con las redes del narco internacional, siempre quedó en el aire la posibilidad de que más personas del gobierno estuvieran involucradas en el caso.
Posterior a la llegada y detención de Rafael Caro Quintero, otros “mafiosos” también hicieron de Costa Rica su centro de operaciones, razón por la cual una nueva comisión legislativa comenzó a identificar los posibles actores nacionales relacionados con esta banda internacional y por supuesto el nombre de políticos, jueces y policías aparecieron relacionándose con los foráneos, ya sea porque tenían una amistad muy estrecha o porque se les había visto en fiestas con ellos.
Ante esta situación una segunda comisión especial de narcotráfico se crea en el seno del Congreso, en ese entonces la misma estuvo presidida por Alberto Fait, acompañado por Luis Manuel Chacón, Óscar Ávila, José Miguel Corrales, Luis Fishman y Jorge Rossi.
“En razón de mi trayectoria y experiencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia aceptó la petición del parlamento para que fuera asesor de la segunda comisión que investigó el narcotráfico”, recordó el hoy magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz.
Aquella Comisión presentó dos informes en los que se refería a graves problemas y vulnerabilidades del sistema político en relación al narcotráfico, señalando la influencia de otras personas cuestionadas por actividades de narcotráfico.
Dentro de las consideraciones tomadas en cuenta por esta comisión fue que “hay individuos o sociedades que actúan en la vida privada, en labores profesionales o en el mundo de los negocios, así como también servidores públicos, de quienes no se puede decir que sean autores o cómplices en los delitos de tráfico de drogas o trasiego de dinero ilícito, pero que pueden haber cooperado para que los delincuentes en esa materia tengan facilidades para que en un determinado momento puedan lograr decisiones que les beneficien”.
En ese momento, es que sale a relucir la posible implicación del expresidente Daniel Oduber, el exdiputado Leonel Villalobos y de los magistrados Eduardo Ching, Jesús Ramírez y Alvaro Carvajal con de la red de mafiosos que estaban incursionando en la sociedad costarricense. Además se pudo identificar la influencia de personas que podrían tener vínculo con el narcotráfico como Alberto Fionna Fionna, Sheik Kadir Tajudeen, Leonel Casey Brothers y Ricardo Allen.
