Discapacidad = irrespeto
Editorial
Los derechos de las personas adultas mayores, de los discapacitados y las embarazadas están a merced del resto de la colectividad, expuestos a un total atropello. Parece que la aplicación de la Ley 7.600 es un asunto antojadizo en este país.
La normativa, que rige desde hace 23 años, es hoy un cero a la izquierda para muchas empresas y personas, al extremo que les importa poco brincarse esas disposiciones y vulnerar a las poblaciones antes mencionadas.
Más de 500 mil ciudadanos en Costa Rica sufren alguna discapacidad; o sea, un 10,5% de acuerdo con cifras oficiales.
La tasa de pobreza para esta población supera el 30%. Es decir, 30 de cada 100 personas de esas más de 500 mil no pueden satisfacer sus necesidades básicas diarias, con base en estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares de 2010.
Para las personas con discapacidad la pobreza es un 10% más probable que para otras familias en el país. Esto se suma al desempleo altísimo, cerca del 64% no tienen un trabajo fijo y llevan tiempo inactivas. Hay quienes nunca han obtenido una oportunidad en el mercado laboral.
Un 78% de las mujeres que sufren discapacidad no tiene opciones para ganarse la vida.
Pese a que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la Ley 8661 del 19 de agosto de 2008 y la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (Ley 9379 del 18 de agosto de 2016), es poco lo que este sector poblacional ha podido mejorar en su condición y calidad de vida. Parece que mucho de lo legislado quedó en el papel, pues en la realidad nadie respeta las normas y tampoco hay sanciones para quienes incumplen.
En la Defensoría de los Habitantes se recibe un promedio de 20 denuncias mensuales por el incumplimiento de la Ley 7.600; es decir, al año llegan cerca de 240 y para fin de año un poco más.
Muchas de esas denuncias son por la pésima o nula atención de los ciudadanos en oficinas públicas o en empresas privadas que violentaron sus derechos.
¿Entonces quién ampara a los ciudadanos con discapacidad y castiga la violación evidente a sus derechos?
La respuesta podría parecer evidente, cuando hay órganos del Estado que fueron creados para cumplir tal función, pero en la realidad brillan por su ausencia.
Hay que hablar claro, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) es un cascarón que definitivamente no aporta mucho al sector, más bien recibe un presupuesto que se va en gastos administrativos y otros que no benefician a esta población. Basta conversar con algunas organizaciones para darse cuenta del asunto.
Pero vamos al detalle de la agresión y el maltrato que siguen sufriendo estas personas, por ejemplo el tema de las rampas en buses y taxis sigue siendo una piedra en el zapato.
Esto no es nuevo, sigue siendo punto de discusión, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes insiste desde hace más de 10 años en hacerles el favor a las adineradas empresas de transporte con el tema de las rampas, que a 2019 no se resuelve como establece la ley, pero tanto imploran los autobuseros que les complacen.
Otro ejemplo clarísimo de la desatención son las aceras sin rampas, montones de edificios y comercios sin ascensores y aquel aterro de gradas que hace las oficinas públicas inaccesibles para los discapacitados.
Ni que decir de lo que sucede en los centros comerciales y supermercados, donde las administraciones se adjudican la potestad de tergiversar la ley e interpretarla a su antojo, pues parece que sus visitantes, todos, están exentos de encajar en alguno de los casos especiales.
Ni decir de las pensiones que debe otorgar la Caja Costarricense de Seguro Social y son una labor titánica, hay miles de ciudadanos que jamás podrán ver esos dineros, aunque su condición amerite una ayuda del Estado.
En Costa Rica nos jactamos de respetar los derechos humanos, de la tolerancia y la solidaridad, pero la experiencia nos muestra otra realidad.
Las personas en condiciones especiales no tienen que rogar por ser atendidas, el Estado está en la obligación de garantizar su calidad de vida y seguridad.
El hecho de ser una minoría poblacional tampoco implica que se desatiendan sus necesidades, por el contrario, las autoridades están llamadas a cumplir con exactitud lo que indica la ley, sin menores contemplaciones.
Pero los ciudadanos también estamos obligados a comprender que el cumplimiento de esa normativa es nuestra responsabilidad; no usar los asientos preferenciales y no estacionar en sitios demarcados con azul es solo el inicio del respeto. Es un asunto de lógica y razón, pero ante todo de responsabilidad y cultura.
Tomemos cartas en el asunto, denunciar a los que incumplen es una vía de ejecución. Están la Defensoría, la Sala Constitucional, las controlarías de servicios de las entidades públicas y por supuesto los medios de comunicación para que se expongan los abusos.
No es posible, a más de dos décadas de aprobada la ley, que este país siga haciendo la vista gorda con su cumplimiento al 100% y las poblaciones vulnerables continúen implorando igualdad de derechos.
