El caso de Oscar Arias: ¿La politización de la justicia?

Marcela Angulo, periodista

Hoy se inicia en el Juzgado Penal de Hacienda la audiencia preliminar donde se decidirá si se eleva a juicio, por dos delitos de prevaricato, a Oscar Arias Sánchez, dos veces Presidente de la República y Premio Nobel de la Paz. A éste se le imputa por la firma de dos decretos ejecutivos en el 2008: el que otorgó la concesión minera en Crucitas a la firma Infinito Gold S.A. y el que declaró de conveniencia nacional el proyecto.

El inicio de esta fase de un largo proceso que inició en 2008 con acusaciones de la Fiscalía en contra del entonces Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, y seis funcionarios más, y ahora también contra Arias, me causa consternación y temor de que en adelante la justicia, como ocurre en este caso, sea diferente según el acusado de quién se trate.

No me queda ninguna duda, de que a Arias no se le ha dado un trato justo y sí diferenciado en su perjuicio. ¿Por qué? Existen muchas especulaciones, aunque la más factible para mí es que Arias, por su investidura, por sus posiciones controversiales sobre políticas públicas y por ser el principal líder político del país, es un “plato fuerte” para una Fiscalía con fuertes tintes histriónicos.

Ello, según una percepción sesgada dentro del Poder Judicial, podría consolidar a esta dependencia como la que –con falso heroísmo y aparentes segundas intenciones—acaba a diestra y siniestra con los político “abusivos”, a quienes considera enemigos del pueblo. ¿A qué más que llevar a juicio a un Premio Nobel puede aspirar un fiscal?

Me alarma ese deseo implacable de algunos funcionarios judiciales por juzgar al exmandatario en sede penal, pese a que para ello se llegue al extremo de no brindarle audiencia a su defensa para justificar la apelación de la acumulación de las causas de Arias y de la que se le sigue al ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles, entre otros funcionarios, en que se alega que las mismas deben separarse.

Sendos procesos no han cumplido las mismas etapas y a Arias se le indagó ocho años después de que se iniciara, se apelara, se anulara y se ordenara repetir el juicio contra Dobles, entre otros imputados. Además, las responsabilidades de un Ministro en la formulación de un decreto difiere mucho de las de un Presidente, quien firma como un requisito de validez administrativa lo ya estudiado y redactado por profesionales expertos del respectivo ministerio. Este es solo un ejemplo de las muchas anomalías. Otra: a Arias se le indagó, en noviembre de 2017, por un delito prescrito desde el 2014, el de cohecho, por la inexistente y especulativa donación que una ONG canadiense le habría concedido a la Fundación Arias para la Paz. La misma fiscalía tuvo que correr, luego de acusar, a pedir su prescripción ante el citado juzgado penal. ¡Pequeña omisión!

Las consecuencias de actuaciones tan débiles, cuestionables y politizadas por parte del Poder Judicial, tienen graves implicaciones para la ya debilitada institucionalidad del país, la deteriorada credibilidad en la forma de impartir justicia y en la positiva percepción que prima en el exterior sobre nuestro país y la figura de Oscar Arias.

Satanizar a los políticos, máxime si se trata de una persona a la que nunca se le ha señalado acto deshonesto y que cuenta con un considerable patrimonio propio, es mancillar la imagen de Costa Rica y hacer que los ciudadanos pierdan su fe en nuestros dirigentes y en el futuro de nuestra Patria.

Oscar Arias ha cometido posiblemente muchos errores en sus dos mandatos. Lo que no se puede poner en duda es que siempre ha sido consecuente con su defensa de la apertura comercial, la eliminación de monopolios estatales y la promoción de la inversión extranjera, políticas que considera indispensables para acelerar el desarrollo económico y social. Su inclinación por un una economía abierta se la cobran grupos organizados de izquierda, sindicalistas, ambientalistas y enemigos políticos. Y lo hacen hoy y lo harán mañana. Esto se llama democracia y nada tiene de malo.

No se justifica, por ello, que a nuestro Premio Nobel se le tenga que denigrar. El que el ex mandatario haya logrado concretar sus esfuerzos en diversidad de obras que no gustan a todos, no amerita que se le someta al suplicio y a la indefensión. Todos debemos ser iguales ante la ley, sin importar creencias, acciones, posición política o económica.

Este anhelo de equidad cobra mayor relevancia en momentos en que el Poder Judicial ha pasado de la picota pública y legislativa a una enorme fractura interna prevalente entre magistrados y funcionarios. Lo que se decida en esta causa contra Arias será determinante para alimentar o destruir la confianza de la que todo Poder Judicial, en cualquier país del mundo, debe gozar.

En Venezuela y Nicaragua, la debacle comenzó cuando el Poder Ejecutivo se impuso a la magistratura judicial. Ojalá y la sabiduría retorne al seno judicial y este Poder siga siendo el garante de nuestra Constitución y normativa legal.