En la historia de Costa Rica solo existe un antecedente sobre la realización de un referéndum, el efectuado para definir si nuestro país ingresaba en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Han pasado 11 años de este acontecimiento y a la fecha seis solicitudes hacen fila en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), institución que se encuentra analizando su viabilidad.
La solicitud más antigua se presentó el 5 de octubre de 2015, cuando varios ciudadanos pidieron la autorización para recolectar firmas a fin de someter a referéndum el proyecto de ley sobre el salario mínimo del sector privado.
Mientras tanto, el 19 de abril de 2016 llegó al órgano electoral la solicitud de someter a consulta popular el proyecto denominado “Ya No Más Recope. Apertura del Monopolio”, el cual se encuentra en trámite.
Asimismo se extendió el trámite para un referéndum al proyecto de ley para el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales al TSE el 1 de julio de 2016.
El 22 de setiembre de 2016 se pidió la autorización para recolectar firmas y someter a referéndum el proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Pese a que el máximo órgano electoral dio el visto bueno para realizar el referéndum, el trámite se encuentra suspendido por la Sala Constitucional.
En 2018 llegaron dos solicitudes. La primera consiste en el proyecto Ley de Garantías Sociales Bicentenarias el 10 de julio de 2018, mientras que la Asociación Víctimas del Estado (AVES) envió el 7 de setiembre la iniciativa tanto para promover como para garantizar las plataformas informáticas y tecnológicas en materia de transporte, entre ellas Uber.
DIARIO EXTRA consultó a Andrei Cambronero, letrado del TSE, quien afirmó que no existe ningún plazo definido para que la institución decida efectuar una consulta popular.
“De acuerdo con el diseño legal que tenemos es una serie de etapas que se deben ir cumpliendo. Primero se da una especie de prueba de admisibilidad, luego que se hagan los análisis técnicos.
Del proyecto vendría otro análisis para determinar si es procedente la recolección de firmas y si esa recolección de firmas procede, los interesados tienen un plazo de nueve meses para recolectar el 5% de las personas empadronadas”, externó.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Jesús Ramírez
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Jueves 08 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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