Ciberdelitos y víctimas en C.R.
Editorial
“Estamos fascinados, muy contentos de tener en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, todo a la mano. Tenemos un celular que nos conecta remotamente con los bancos, los videojuegos, miles de páginas de información y hasta inmensas bibliotecas. Estamos hipnotizados con el Internet, pero nos hemos olvidado de darles medidas de seguridad a nuestros hijos, e incluso a nosotros mismos. Ahí es donde vienen los problemas que han influenciado nuevos delitos los cuales nos llevan a realizar investigaciones”, expresó Federico Vásquez Campos, de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esta reflexión del señor Vásquez se dio en el marco de las Jornadas 2018 sobre Ciberseguridad, del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (Prosic-UCR).
El comentario de este investigador judicial está cargado de razón. Los tiempos han cambiado y la violencia superó lo real, los delitos informáticos crecen como la espuma y con ello las víctimas.
Revisemos las estadísticas para darnos una idea, en el año 2016 las denuncias por delitos sexuales perpetrados por las redes apenas sumaban 4, pero para el 2017 esa cifra casi se triplicó, pues se reportó en promedio 11 denuncias ante el OIJ.
Se sabe que la mayoría de víctimas de este tipo de ilícitos no denuncia por temor a represalias de parte de los victimarios o, peor aún, pues no conocen la identidad real del perpetrador ya que se esconde con un nickname o seudónimo y todos los datos que suministra son falsos.
Estos números son cada vez más alarmantes pero lo que preocupa a las autoridades es que el blanco de tales ataques son menores de edad expuestos a redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat e Internet en general.
El acceso de los niños, niñas y adolescentes a los aparatos tecnológicos como computadoras, tabletas, televisores inteligentes, teléfonos celulares y hasta videojuegos con acceso a la web, acelera la exposición a estas modalidades delictivas y aleja a los padres de alguna forma de las actividades de sus hijos e hijas, lo que implica un potencial riesgo.
En Costa Rica existe una ley de delitos informáticos que fue aprobada en el año 2013, pero pocas personas la conocen y sucumben a las agresiones de tipo sexual por la red, sin capacidad de reacción. Pero la norma se hizo para acusar y sancionar a las personas que se escudan tras un nombre falso para agredir menores.
Para mostrar la gravedad de lo que sucede en las redes, pues hay padres de familia y encargados que no dimensionan el poder de un ciberatacante sexual; hay al menos 750 mil cazadores que están conectados en Internet buscando presas y dispuestos a pagar sumas exorbitantes por pornografía infantil.
A sabiendas de lo delicado del asunto y la fuerte exposición de los menores a esta realidad, apenas hay pocos países como Estados Unidos, Holanda, Canadá, Reino Unido, Suecia y Austria poseen legislación que regula la red y con ello castiga el sexo virtual, lo demás queda a la libre con el gran riesgo que implica.
En Costa Rica los menores son abordados en las redes. El fenómeno de la pedofilia cibernética extiende sus tentáculos inescrupulosamente aprovechando la poca o inexistente legislación.
Acá ha costado entrarle al tema y la norma se queda un poco corta.
Por ejemplo, en el artículo 167 que contempla el delito de corrupción, los señores congresistas de una forma muy vaga y escueta sancionan con pena de tres a ocho años de prisión a quien promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, con o sin consentimiento expreso. Pero la pena varía de cuatro a 10 años, si el actor usa los medios tecnológicos para perpetrar los hechos.
Si bien esta ley abre el espacio para otras legislaciones paralelas, es tiempo oportuno ante realidades tan amargas de comenzar a crear los mecanismos necesarios para contrarrestar los efectos nefastos de la pedofilia de la que nuestros pequeños no están exentos.
Podrían el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales y el mismo Ministerio de Educación analizar la urgencia de legislar sobre la red aun cuando parezca imposible, pues desde acá hay varios sospechosos operando tal como lo ha revelado el famoso Anonimus.
Salvaguardar la integridad de nuestros menores no debe ser un mero antojo político o una promesa de campaña, tampoco la bandera de un partido, merece la atención de todo un país, pues con la apertura de las redes sociales parece casi imposible controlarlo con esfuerzos aislados.
