Los manifestantes han sido muy criticados por otros costarricenses que no están a favor de la huelga nacional indefinida, incluso hay quienes aseguran que la defensa en las calles es de los pluses salariales, a los que llaman privilegios.
En el sector educación fueron directos al afirmar que no defienden privilegios y que los pluses no pueden ser catalogados como tales.
“La población debe tener claro que no son privilegios lo que defendemos, si así fuera, el Magisterio se hubiera retirado de la huelga cuando nos chantajearon al ofrecernos mejorar la situación del sector con pluses”, expresó Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de la Educación Costarricense (SEC).
“De eso no se trata nuestra lucha. La población a la que no le han informado debe saber que este movimiento es por la familia, por todos. Los privilegios son los que defienden en la Asamblea Legislativa con los evasores para darles amnistías tributarias, eso sí es un privilegio, que aquellos que deben no paguen sus deudas”, sentenció.
El líder sindical indicó que no es a los costarricense de bajos recursos, a los pobres, a quienes se les está exonerando de pagar impuestos, sino a los grandes empresarios.
Díaz les dejó como tarea a quienes están en contra de la huelga que piensen si están de acuerdo en pagar impuestos a la canasta básica, las medicinas y la salud privada, entre otros bienes y servicios.
“No somos los trabajadores, las familias, los pobres los que vamos a los hospitales privados, los pobres vivimos en condiciones para salir apenas. Insisto, hay que tener claro que los privilegios son los que están defendiendo actualmente en el Congreso”, aseveró el jerarca del SEC.
En la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) explicaron que los salarios base del sector no profesional en educación son bajos si no tuvieran los pluses salariales, incluso más bajos que los del sector privado.
Brindaron tres ejemplos, el de un oficial de seguridad que gana con el Estado ¢312.000 sin pluses, mientras que en el sector privado recibe ¢323.000; un oficinista público percibe ¢296.000 y en la empresa privada ¢323.000; y un misceláneo que en la empresa privada gana ¢300.000, mientras que en el Estado ¢285.000. Otra afectación en los salarios con el proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es la aplicación de un límite del 25% para el pago de los recargos.
En el caso de los docentes que tengan licenciatura, según APSE, un profesor de liceo rural podría perder ¢220.000 por mes, una maestra en escuela laboratorio ¢166.000 y en un colegio técnico perderían ¢132.000.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Lunes 08 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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