La caída de magistrados, fiscales y auxiliares de la justicia parece no haber derrumbado el enorme muro que impide ver avances en el caso de cemento chino.
Ahora es Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien denuncia un nuevo traspié al tener que aceptar la pérdida de peritos especializados, por orden de la Corte. Lo que podría atrasar aún más la investigación.
El caso del cemento chino tiene más de dos años en idas y vueltas, y una de sus mayores particularidades es que toca a los Tres Poderes de la República, algo nunca antes visto.
Comenzó a gestarse con un crédito de $30 millones a favor del empresario Juan Carlos Bolaños para su empresa Sinocem.
Bolaños acudió al Banco de Costa Rica (BCR) para obtener un préstamo y así poder comercializar el cemento chino.
Hoy el empresario está preso, luego de ser capturado en noviembre del 2017, cuando en apariencia estudiaba países donde no se permitía la extradición.
Al mismo tiempo, se detuvo a toda la plana mayor del banco, quienes hoy gozan de medidas cautelares. Se trata de Mario Barrenechea, Leonardo Acuña, Andrés Víquez y Marvin Corrales.
También provocó la salida de la ahora expresidenta del banco, Paola Mora, quien al día de hoy no aparece como imputada en la causa, pero a la que en su momento se le cuestionó por dar supuestamente un trato diferenciado a Bolaños, en comparación con el resto de los clientes.
A parte del BCR, el Banco Nacional, el Popular y el Crédito Agrícola, se vieron involucrados en la danza de millones a favor del negocio de Bolaños, aunque en menor grado. Se ha dicho que Bolaños pudo extraer más de $50 millones de la banca pública en un reducido lapso de tiempo.
LAS PARTICULARIDADES DEL CASO
Para empezar, el BCR tomó como garantía el mismo cemento, a pesar de ser un producto perecedero, y el cual terminó perdiendo.
Aceptaron una póliza de Oceánica para respaldar al crédito, a pesar de que el reglamento decía que, para este tipo de operaciones, solo podían ser del INS. Eso coincidió con un cambio en la normativa interna del banco.
Todo esto ocurría en momentos en que Mario Barrenechea era el gerente del BCR.
Este tiene un hijo de nombre Javier, quien no solo era amigo de Bolaños desde la infancia, sino que iba a ganar indirectamente si en el banco concretaba el negocio, pues él estaba estableciendo una empresa para distribuir el cemento, donde también había otros miembros de la familia.
En ese entonces, comienzan a circular denuncias anónimas que hablaban del supuesto pago de dádivas a diputados, a cambio de que favorecieran la importación.
Se dijo que pudieron hacer lobby tanto en la Asamblea Legislativa, como en Casa Presidencial, a nombre de Bolaños. La causa terminó en la Corte Suprema de Justicia, en donde se archivó.
La gota que derramó el vaso fue la circulación de un presunto audio que contenía una conversación del actual subgerente del BCR, Guillermo Quesada y Juan Carlos Bolaños.
Todo esto ocurrió en la administración del expresidente Luis Guillermo Solís, salpicando a personajes muy cercanos a él, como es el caso de Víctor Morales Zapata y Mariano Figueres.
Sin embargo, no fueron los únicos, el caso avanzó y se trajo abajo a altos mandos de la Dirección General de Aduanas y la Hacienda Pública por supuestamente facilitar el ingreso del cemento chino.
Asimismo, se descubría que el magistrado Celso Gamboa había coincido en un viaje a Panamá con Bolaños. Las incongruencias sobre lo que fueron a hacer levantó sospechas de si había tenido que ver en el hecho de que se archivara el expediente en la Corte contra los diputados, algo que no se ha comprobado.
Gamboa termina yéndose por presiones de diputados, la prensa y la opinión pública y a él le sigue el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, quien se acoge a la jubilación, en medio de una gran nebulosa.
A este se le había adelantado, el exfiscal general, Jorge Chavarría, a quien se le señaló por presuntamente no investigar el caso del cemento chino como era debido, trayéndose abajo también a la fiscal subrogante, Berenice Smith.
El escándalo es tal que en la Asamblea Legislativa se abre la histórica comisión del Cementazo, y la Procuraduría General de la República inicia una investigación en contra del propio presidente Solís y, aunque lo libera de responsabilidad, trasciende que el informe llega incompleto a la Asamblea Legislativa y en un tiempo en que los diputados ya no tenían oportunidad de presentar apelaciones.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Miércoles 15 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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