10 personas fueron condenadas por el delito de aborto a lo largo de los últimos 19 años en Costa Rica, según estadísticas judiciales.
El excandidato presidencial Juan Diego Castro, realizó una presentación a través de Facebook Live para exponer la situación del aborto en el país; aseguró que desde 1998 hasta el 2016, se registraron 692 denuncias.
De las denuncias presentadas ante los Tribunales de Justicia, 585 corresponden a aquellos casos con o sin consentimiento, mientras que 26 se relacionan con casos culposos.
Mientras tanto, 5 son denuncias por impunidad, 45 por procurado y 31 por tentativa de aborto, para la sumatoria de 692.
De acuerdo con Castro, de la cantidad de denuncias planteadas, solamente 20 llegaron a juicio o tuvieron sentencia y hubo 10 condenas.
“Eso no quiere decir que fueron a la cárcel, sino que fueron condenadas. No tenemos el dato de si alguna persona fue a la cárcel, pero aquí hay un truco porque la sanción más grande para el delito de aborto en nuestro Código Penal, que es una norma de hace 47 años, es para los médicos o las personas que le practiquen un aborto a una mujer con o sin consentimiento”, detalló.
LEGISLACIÓN
Según el abogado, el artículo 118 del Código Penal establece que las penas para el aborto sin consentimiento son de 3 a 10 años de prisión si el bebé tiene más de seis meses de gestación.
Castro comentó que la pena será de 2 a 8 años si cuenta con menos de seis meses de gestación.
En el caso de que haya un consentimiento para fomentar esta práctica en el país, las penas rondan entre 1 a 3 años de prisión.
Según señaló Castro, la madre de buena fama está autorizada a dar muerte a su bebé si lo hace dentro de los 30 días de nacimiento. Aseguró que las penas rondan de 1 a 6 años de prisión a la madre que para ocultar su deshonra da muerte al hijo dentro de los 3 días siguientes de nacimiento; mientras que las penas rondarán entre los 25 y 35 años, si el bebé supera los 30 días de su natalicio.
SITUACIÓN EN COSTA RICA
DIARIO EXTRA consultó con Larissa Arroyo, directora de la organización Acciones Estratégicas por los Derechos Humanos (Acceder), sobre el panorama costarricense en materia del aborto.
Arroyo recalcó que en Costa Rica la ley permite, en el papel, que las mujeres interrumpan su embarazo cuando haya riesgo para su vida o su salud y no se pudiera evitar por otro medio.
Detalló que, si hay peligro para la salud de la mujer, debería ser informada por el personal médico y explicar las opciones, sin embargo, la situación a nivel nacional no se maneja así.
“Esto no ocurre porque hay desconocimiento técnico-jurídico del personal de salud porque las carreras no incluyen esa formación jurídica del artículo 121 del Código Penal que está vigente desde hace más de cinco décadas.
La segunda es que la cultura institucional en los centros de salud ha hecho que se pase de boca en boca que el aborto está prohibido en Costa Rica y que solamente se puede aplicar si está a punto de morirse, eso no está en ningún lado”, indicó.
La mujer señaló que, si el personal médico no se informa sobre estos riesgos, estaría cayendo en una situación de violación a los derechos humanos.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Viernes 29 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
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