Un costarricense de apellidos Bermúdez Fernández y un nicaragüense identificado como Cornavaca Billareina fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, como sospechosos del delito de difusión de pornografía infantil.
La diligencia permitió identificar a ambos sujetos y decomisar evidencia que será incorporada al expediente 18-004486-0042-PE, tramitado por la Unidad Operativa de Dirección Funcional del Ministerio Público.
La investigación inició a raíz de información que recibió Interpol Costa Rica por parte de esa entidad en España, en la que se detallaba que se ubicaron dos grupos diferentes en la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, en los que participan personas de distintos países entre ellos Costa Rica, y se corroboró que los ahora detenidos participaban activamente.
La captura de Bermúdez se realizó en Heredia, mientras que Cornavaca fue capturado en Liberia, ambos operativos fueron realizados en la casa de los sospechosos de 20 y 36 años de edad, respectivamente.
En cada uno de los allanamientos, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron un celular y dos computadoras que contienen todo tipo de archivos y materiales que permiten vincularlos con el caso mencionado.
De acuerdo con las indagaciones realizadas, en el contenido de los mensajes existe material pedófilo, además se constató que desde los dos números costarricenses se compartieron videos pornográficos de personas menores de edad realizando actos sexuales.
Tras la rápida intervención de la Fiscalía, ambos sospechosos fueron trasladados a las oficinas judiciales, aunque de momento no se les tomará la declaración indagatoria y, por lo tanto, tampoco se les solicitará medidas cautelares.
La Unidad Operativa informó que antes de solicitar cualquier medida para mantener a los sospechosos vinculados con el proceso penal, es necesario acreditar que desde sus teléfonos se enviaba material ilícito, lo que podrá constatarse o desacreditarse tras la apertura de la prueba decomisada, con apoyo de técnicos del OIJ.
Según las autoridades, la pena establecida en la legislación nacional para la difusión de pornografía es de 1 a 4 años de prisión.
