En un informe de auditoría la Contraloría General de la República señaló que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) no ha sido eficaz en temas relacionados con el área de refugio.
De acuerdo con el ente contralor, el propósito de la auditoría operativa fue determinar la eficacia de Migración en la gestión del otorgamiento de la condición de refugio, a efecto de asegurar calidad y oportunidad en la prestación del servicio.
Además de promover mejoras que incrementen el valor público y la atención de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y su contribución.
Asimismo, el informe destaca que el periodo evaluado comprendió del 1º de enero de 2017 al 29 de marzo de 2023.
Entre los hallazgos de la Contraloría está que la DGME no ha sido eficaz en el proceso de otorgamiento de la condición de refugio, “ya que se detectaron situaciones que limitan el acceso al proceso, así como la continuidad del servicio.
Además el proceso no se ejecuta con oportunidad ni se brinda bajo condiciones diferenciadas a poblaciones que así lo requieran y, finalmente, se identifica una percepción de calidad en nivel medio-bajo por parte de las personas usuarias”, señala el documento.
De igual manera, la auditoría revela la limitación en el acceso, el cual se deriva de la implementación, a partir de enero de 2023, de la “atención por cita” limitada a 100 espacios diarios únicamente.
“Decisión que no cuenta con sustento jurídico y/o técnico, a diferencia de años previos, en los que se recibía la totalidad de solicitudes”, detalla.
Por otra parte, los hallazgos indican que la dependencia operativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) es una limitación para la continuidad del servicio, ya que el 80% del personal designado lo cede dicho organismo internacional.
SOBRE EL SERVICIO
En relación con la prestación del servicio, la Contraloría señala que identificó que las acciones de la Unidad de Refugio de la DGME para la gestión del proceso de otorgamiento de la condición de refugiado no son eficaces.
“Respecto de la oportunidad, lo que incide en la resolución expedita y en tiempo de la solicitud de la condición de refugiado por cuanto solamente el 14,58% de las solicitudes se resolvieron en el plazo de tres meses, en promedio las solicitudes se resuelven en 585 días”, detalla el documento.
De acuerdo con el informe, el servicio de otorgamiento de la condición de refugiado no prioriza la protección y atención, mediante un enfoque diferenciado, de las personas consideradas como población altamente vulnerable que requieren obtener la condición de refugiado.
“Finalmente, la calidad del servicio recibido obtuvo una calificación de medio-bajo (58%) en el instrumento de medición de la percepción que se aplicó a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y usuarios directos del servicio”, añade el informe.
También esta auditoría hizo referencia a que el Acnur emitió desde 2020 una serie de recomendaciones a fin de propiciar mejoras en el funcionamiento de la Unidad de Refugio y en la prestación del servicio, sin embargo, a la fecha de este informe la DGME no ha tomado decisiones sobre las acciones a emprender en relación con dichas recomendaciones.
DISPOSICIONES
Ante esto la auditoría del ente contralor, de acuerdo con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº.7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, emitió varias disposiciones.
Por ejemplo, al ministro de Gobernación y Policía se le solicita diseñar y oficializar un plan de continuidad del servicio de otorgamiento de la condición de refugiado, tomando en consideración las limitaciones técnicas y la capacidad instalada de la Unidad de Refugio.
Además se recuerda que el acuerdo con Acnur es finito, a fin de garantizar la ejecución continua del proceso de otorgamiento de la condición de refugiado.
“Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al Órgano Contralor a más tardar el 29 de noviembre de 2024 una certificación que acredite el diseño y oficialización del plan de continuidad”, se lee en el informe.
Asimismo, le solicitan analizar y tomar decisiones respecto de las recomendaciones contenidas en el documento “Recopilación de recomendaciones QAI Costa Rica 2020” y cuando corresponda establecer los responsables y los plazos para su operativización.
“A fin de propiciar que la Dirección General de Migración y Extranjería ejecute el proceso de otorgamiento de la condición de refugiado de forma independiente, adaptándose a los cambios y satisfaciendo las necesidades de los usuarios”, añade el documento.
Las disposiciones son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.
Asimismo, emitió otras dirigidas a la directora de Migración, entre las que está definir e implementar acciones inmediatas para que el acceso al servicio de otorgamiento de la condición de refugiado se encuentre conforme con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
“Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al Órgano Contralor a más tardar al 16 de agosto de 2024 una certificación que acredite la definición de las acciones para que el acceso al servicio de otorgamiento de la condición de refugiado se encuentre conforme con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967”, señala el informe.
Así como “diseñar, formalizar e implementar una metodología para el análisis sobre el comportamiento de los flujos migratorios, particularmente de las personas en necesidad de protección internacional y la información sobre su país de origen que impactan la gestión de la Dirección General de Migración y Extranjería”.
En el proceso de otorgamiento de la condición de refugiado, que incluya al menos la fuente de información, el proceso de análisis, la forma de toma de decisiones y la periodicidad.
DIARIO EXTRA solicitó a la DGME su opinión ante este informe, a lo que Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública con recargo de Gobernación y Policía, indicó que van a continuar librando esta lucha.
“En este contexto la Contraloría hace la observación de un proceso que inició en 2018, cuando más de 250.000 migrantes nicaragüenses cruzaron a nuestro país y sus solicitudes están en estudio desde entonces.
Esta administración ha entrado a analizar el tema, le estamos entrando. Hay 191.000 personas en espera, pero 21.000 resoluciones ya dictadas en materia de refugio.
Vamos a seguir en esta lucha, en la que ya estamos contando con apoyo importante de Naciones Unidas a través de OIM y Acnur, como ha sido histórico el apoyo de esas entidades”, detalló el ministro.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Issac Villalta/Catalina Mairena
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Viernes 17 Mayo, 2024
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