Los magistrados de la Sala Constitucional acogieron un caso que se registró el 21 de marzo anterior. El recurso lo interpone una madre de tres niños, quien acusa a una institución educativa llamada Lakesside International School de expulsar a uno de sus hijos por el hecho de ser autista, atropellando así la Ley 7.600 y los esfuerzos que el Estado hace para una inclusión social de las personas con habilidades especiales.
La denunciante es Ana Virginia Argüello Bustos, madre del menor Braydon Sequeira Argüello, que junto a sus dos hermanos fue matriculado en esa escuela privada ubicada en Liberia Guanacaste; no obstante, desde su ingreso a la institución, según señala la madre, la discriminación contra el infante fue evidente.
“Informo que mi hijo Braydon es un niño con necesidades especiales, condición que era conocida por la institución incluso antes de su matrícula y así fue aceptado en el centro educativo privado, y lo que más me motivó fue que me aseguraron que el sistema Montessori era aplicado como modelo de aprendizaje”, indicó la madre a los magistrados.
LEY
Ana Virginia Argüello se ampara en la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 7.600, que ampara los derechos de la población con habilidades especiales, señalando la obligatoriedad de incluirlos socialmente en las diferentes actividades en las que se desarrollen.
Braydon es una persona con autismo leve y posee capacidades y necesidades especiales, situación que comenzó a señalar la directora de la institución a la madre.
La afectada dialogó con la directora de la institución, Guadalupe Corea Caravaca sobre la situación. “He sido convocada a reuniones constantemente con el propósito de generar una atmósfera de incertidumbre sobre el futuro de Braydon en la institución. Se me invitaba de manera sutil a egresar “voluntariamente” a mi hijo, bajo el estandarte de brindarle “mejores opciones educativas” en otra escuela. La presión se fue incrementando conforme el transcurso del breve espacio que posee este año educativo”, detalló doña Ana Virginia.
EXPULSADO
El 21 de marzo del 2018, cuando mundialmente se celebra el Día del Síndrome de Down, la madre fue convocada a una cita con la señora directora y dos educadoras informándole de la incomodidad que causaba la presencia del menor en la clase integrada por 17 estudiantes.
“Las críticas abarcaban desde la atención que requería Braydon, señalándolo como el culpable de que otros compañeros y compañeras no tuvieran la atención suficiente. En otras palabras, se me hacía ver que, por el bien de estas otras personas infantes, la mejor decisión era “sacrificar” la permanencia de mi hijo, por el bienestar de una mayor cantidad de estudiantes”, manifestó. A la mujer le sugirieron que contratar un profesor exclusivo para el menor, pero pagado por los padres, no obstante, ante la negativa y en una reunión posterior le comunicaron la expulsión.
“La señora directora indignada me indicó que ya ellos habían tomado la decisión de excluir a Braydon de una institución. Asimismo, se me “sugirió” que matriculara a mi hijo en una escuela de enseñanza especial que luego de unos 4 años valorarían la posibilidad de aceptarlo de nuevo en la institución”, detalla el recurso. Hay sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia números 06341-2017 de mayo del 2017 y 09798-2017 de junio del mismo año pronunciándose sobre el derecho de las personas con necesidades especiales de contar con una educación inclusiva y no excluyente.
Se trató de contactar a las autoridades del colegio, pero no fue posible ubicarlos.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Jueves 19 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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