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Opinión

Ley sobre la primera infancia

Lorelly Trejos Salas*

Durante el ejercicio de mis labores como diputada he señalado la importancia de atender e invertir en la primera infancia, esa etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta los 6 u 8 años, y que es considerada por muchos como el período más significativo en la formación integral de toda persona.

 De acuerdo a numerosas investigaciones, en la primera infancia “se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una vida”.

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lo que ocurre con los niños y las niñas en los primeros años de vida tiene enorme transcendencia, tanto para el bienestar inmediato como para el futuro de esta población, ya que, si en los primeros años de vida estos niños y niñas reciben el mejor comienzo, probablemente crecerán sanos, desarrollarán capacidades verbales y de aprendizaje, asistirán a la escuela y llevarán una vida productiva y gratificante.

Bajo estos parámetros, he presentado a la corriente legislativa el expediente 20.501 “Ley General para la Primera Infancia”, que busca sentar las bases generales para la formulación e implementación de una política nacional de primera infancia y desarrollo infantil temprano, tomando en consideración las necesidades y características especiales de esta población.

Entre otros aspectos, el proyecto enuncia los derechos que son propios de los niños y niñas que se encuentran viviendo esta etapa, establece los principios rectores que deberán regir la política nacional, como por ejemplo la perspectiva familiar, el desarrollo focalizado y la accesibilidad a los servicios. Asimismo, esta ley dispone que la política nacional incluirá, como mínimo, los ejes de desarrollo físico, nutrición, desarrollo cognitivo-psicosocial y protección o cuido.

Para tales efectos, se crea la “Comisión Nacional para la Primera Infancia”, órgano que tendrá la función primordial de diseñar, establecer e implementar la política nacional, además de coordinar acciones con las diversas instituciones que la conformarán.

En este contexto, no puedo dejar de mencionar que en marzo de este año el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) presentó la “Política para la Primera Infancia: 2015-2020”, cuyo propósito es articular instituciones, recursos y acciones que deben llevarse a cabo para garantizar la atención y protección integral de los niños y las niñas, propósito que, como puede apreciarse, se enmarca dentro de un tiempo relativamente corto para su plena ejecución y cumplimiento.

Por lo tanto, resulta preciso para nuestro país poder contar con una ley marco para la primera infancia, que garantice atención y protección integral, pero de manera sostenida y permanente en el tiempo, no sujeta a la incertidumbre generada por los cambios de administración, ni a la visión de corto plazo con que muchas veces se crean y se implementan los programas del gobierno de turno.

La eventual aprobación de esta iniciativa conlleva el objetivo de promocionar y posicionar el tema de la primera infancia en los primeros lugares de la agenda pública, así como también concientizar a la sociedad costarricense sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el desarrollo humano y como factor de progreso y bienestar general.

 

*Diputada

 

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Martes 29 Agosto, 2017

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