Rogelio Ramos Martínez, exministro de Seguridad, y los actuales funcionarios de ese ministerio, Juan José Andrade, viceministro de la cartera; así como Kattia Rivera; estarían siendo llamados por parte de la Fiscalía de la República por estar relacionados con un caso de nombramientos ilegales en perjuicio de la función pública.

Todo se desprende del informe 1124-F-15-CI que el Organismo de Investigación Judicial presentó a solicitud de la Fiscalía I Adjunta de San José en enero del 2016, y en la cual, tras un periodo de investigación, donde incluso se realizó secuestro de documentación en el Ministerio de Seguridad, se determinó que había elementos suficientes y pruebas concretas para continuar con el proceso de denuncia que ahora estaría en una etapa avanzada. Las partes están siendo convocadas para documentar las versiones que podrían servir en una eventual acusación. 

“En momentos en que el Ministerio de Seguridad Pública anuncia un combate a la corrupción, nosotros nos alegramos de que en un informe final del Organismo de Investigación Judicial se logre determinar que la denuncia que presentamos desde el 2014 arroja que existe corrupción en funcionarios de alto nivel”, manifestó Mainor Anchía, director de la sección de Fuerza Pública de la ANEP.

Con respecto a este caso, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron elementos contundentes para continuar con el proceso de la Fiscalía. 

En el mismo se presume que se incurrió en una serie de beneficios con nombramientos de actuales altos mandos policiales como el viceministro de Seguridad, Juan José Andrade; el subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching Vargas; el exsubdirector regional de San José, José Francisco Cordero Jiménez; y el jefe de la delegación policial de Upala, Didier Gómez Bukhan.

INVESTIGACIÓN

Todo se desprende de la investigación penal bajo el expediente 14-000411-0619-PE, que inició en el año 2014 luego de la denuncia que realizara el directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Mainor Anchía Angulo.

Este aseguró al Ministerio Público y presentó las pruebas que ahora están siendo ampliadas, en la que podría comprobarse que el viceministro Andrade fue nombrado en altos puestos policiales desde el 2003, con el grado de comisionado sin tener el curso básico policial que obtuvo hasta el 19 de noviembre de 2003, ya siendo alto funcionario policial y según el informe en perjuicio de la Función Pública.

IRREGULARIDADES

El informe que estaría motivando las convocatorias de los funcionarios de Seguridad indica en el caso de Andrade Morales, un dato que los agentes del OIJ califican como curioso y es que el oficio que certifica los resultados de los exámenes del curso básico policial, no contienen número de consecutivo luego de haber sido emitido el 24 de noviembre del 2003, hecho que ha generado dudas a nivel investigativo.

Llama la atención de los agentes judiciales que el 24 de noviembre del 2003, el jefe del Departamento Académico del Ministerio de Seguridad, emitía las notas de los cursos aprobados y desde el 19 de noviembre de ese mismo año, se compartió un oficio en el que se refería la aprobación del curso técnico policial convalidado, o sea, 5 días antes de saber el resultado de las notas ya el actual viceministro había aprobado el curso.

El expediente también hace referencia a un hecho que podría estar lesionando la transparencia en los nombramientos del Ministerio de Seguridad, luego de documentar a carrera policial del viceministro Andrade. Se comprueba el rápido ascenso que tuvo en su función policial, ya que aprobó el curso básico policial en noviembre del 2003 y en mayo del 2004 ya contaba con el estatus de comisario policial, teniendo un rápido crecimiento en su carrera, aunque los requisitos vigentes para el puesto de director general contemplan que debe contar con 10 años de experiencia en labores policiales debidamente certificadas. 

“Hay varios delitos que se establecen en el Código Penal, podríamos hablar de fraude de simulación y de un posible delito de tráfico de influencias. También se pudo haber cometido un posible nombramiento ilegal y alguna afectación a las financias públicas por funcionarios que recibieron salarios sin estar a cabalidad sin nombramientos”, señaló Anchía.

Estos detalles fueron revelados en el informe que maneja el Ministerio Público.

JEFES POLICIALES

En el caso del subdirector regional de San José, Nils Ching Vargas, los agentes judiciales llegaron a la conclusión de que el licenciado Ching aparece incorporado en el Colegio de Abogados, con capacidad de ejercer, desde el 24 de junio del 2002.

Pero los elementos de prueba, basados en el secuestro de documentos, indica que el funcionario ocupó el puesto de subdirector de Apoyo Legal desde el 2 de abril del 2001. El informe señala que Ching Vargas ejerció la carrera sin haber finalizado sus estudios en derecho, requisito indispensable según los documentos que presentó el Ministerio de Seguridad ante la solicitud judicial de cara a esta investigación.

Con respecto al exsubdirector regional de San José, José Francisco Cordero Jiménez, el informe que analiza la Fiscalía asegura que el jefe policial ingresó al Departamento de Apoyo Legal el 16 de marzo del 2004, pero según certificación de la Secretaría del Colegio de Abogados, se colegió el 30 de mayo del 2005, incurriendo en un ejercicio ilegal de la profesión.

Igual tema en lo que respecta al nombramiento de Jefe de Delegación Policial de Upala, Didier Gómez Bukhan, quien fue nombrado en el puesto pese a haber quedado fuera del concurso. 

“El Ministerio Público está procediendo a citar a algunas de las personas involucradas, algunas señaladas por nosotros en la denuncia judicial pero que el nexo causal conduce a ellas, por lo tanto, están siendo requeridas por el Ministerio Público. Esperamos llegue hasta el final y que este caso se acuse y se conozca en la instancia correspondiente”, indicó Anchía.

PRESIDENCIA ENTERADA

Este informe del año 2015 es lo que fundamenta el trámite administrativo contra exministro de Seguridad, Rogelio Ramos; la funcionaria Kattia Rivera Bonilla y dos funcionarios más que también serán convocados para realizar las entrevistas pertinentes y determinar si se procede con la acusación formal.

Según el representante sindical, el tema fue de conocimiento del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a quien se le presentó un informe detallado en Casa Presidencial sobre estos hechos, pero este remitió el caso al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, sin que a la fecha se tengan noticias del expediente. 

“Ojalá que ahora se interese y se dé cuente que lo que le habíamos señalado en cuanto a que el Ministerio de Seguridad Pública requiere una intervención está fundamentado y no es por asuntos personales ni caprichos, sino que nos preocupa la seguridad ciudadana y nos parece que en el tanto los altos mandos no sean honestos, no podemos exigirles a los rasos que sean honrados”, sentenció Anchía.

POSICIONES

DIARIO EXTRA conversó vía telefónica con el exministro de Seguridad, Rogelio Ramos, quien indicó que desconocía el caso, ya que no fue quien procedió a los nombramientos irregulares que indica la fiscalía, por lo que le extraña la eventual citación que reciba del Ministerio Público.

Por su parte, por medio del departamento de prensa del Ministerio de Seguridad Pública manifestaron que al no tener una notificación por parte de la fiscalía no estarían refiriéndose al tema.

Al parecer se estaría manejando una posible prescripción de los hechos denunciados en cuanto a los nombramientos ilegales en el año 2001, pero el expediente del Ministerio Público estaría contemplando otros delitos como falsedad ideológica y fraude de simulación de los funcionarios que en la actualidad siguen ocupando cargos en el Ministerio de Seguridad Pública.

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PERIODISTA: Gustavo Retana

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Lunes 16 Enero, 2017

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