Una trama difícil de traducir ha quedado registrada en más de 200 hojas del expediente judicial número 13-002647-0172-PA-6 del proceso de pensión alimentaria contra un funcionario del Departamento de Informática de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de apellidos Sequeira Chacón, quien desde noviembre del 2013 cuenta con una obligación alimentaria para una hija del demandado de nombre Katherine.
La menor sufre de parálisis cerebral severa y necesita de la asistencia económica del padre, la cual no ha tenido pese a las órdenes que la misma Sala Constitucional le ha enviado a su patrono, la CCSS.
Hoy en día, la niña recibe asistencia de sus abuelos, adultos mayores que le bridaron protección a su nieta luego de que la madre y el padre la abandonaran.
TRETA
Según los elementos y las pruebas que se han ido juntando en el expediente judicial, en el 2013 se aprobó la pensión para la menor por ¢150 mil y, un año después, en el 2014, se giró la orden judicial a la CCSS para que dicho monto se retuviera del salario de Sequeira Chacón, órdenes que nunca se acataron.
Consultados sobre la omisión, la CCSS indica -mediante un oficio- que no pueden ejecutarla, ya que hay otra pensión anterior a la fecha de solicitud.
Sin embargo, datos de los Tribunales de Familia de Goicoechea señalan que dicha pensión fue solicitada en el año 2015, es decir después de la de la pequeña Katherine.
“Lo más extraño es que el padre es profesional en informática de la Caja del Seguro Social y, aunque sea difícil de creer, la institución no le rebaja la pensión del salario. La orden de retención fue girada desde el año 2014 y la pensión no es retenida. Ahora hay dos oficios de la CCSS, uno que sí aplica la retención y otro que dice no aplicarla porque existe otra pensión anterior, aunque esta fue presentada en el 2015 por su actual esposa”, detalló Milagro Solís, abogada y representante de los abuelos de Katherine.
PIDEN INVESTIGAR
La negativa de la CCSS de aplicar el rebajo es motivo de una demanda contra la institución, pero, además, la abogada de la niña Katherine presentará una denuncia penal para que se analice la actual situación de todos los sistemas informáticos de la CCSS y una eventual manipulación de los mismos.
De acuerdo con Solís, la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial, dependencia que trabaja en temas de conciliación y mediación, ha sido notificada para que investiguen el proceder de la Defensa Pública en este caso, ya que la solicitud indica que asesoraron a la actual pareja del funcionario público, para poder evadir la pensión de la niña con parálisis cerebral.
“Acudió al mismo juzgado donde se tramita la pensión de la niña y, conjuntamente con su actual esposa, actuando esta con la asesoría de la Defensa Pública, lograron un acuerdo conciliatorio donde el padre se comprometió a dar a su actual esposa y a la hija que tiene con esta la mayor parte de su salario o más. La jueza aprobó el acuerdo que fue hecho para defraudar la ley y así evitar que la niña Katherine recibiera pensión.
Este asunto está siendo ventilado en la Inspección Judicial”, pormenorizó Solís.
Al día de hoy, los abuelos de la pequeña Katherine no han recibido ni un cinco de los ¢4.717.518 que adeuda el padre de la menor desde noviembre del 2013. La familia de la niña pide a las autoridades hacer justicia en este caso, documentado en expediente judicial.
Tratamos de contactar al padre de la menor pero no contestó llamadas, también se envió a las autoridades de la CCSS un correo electrónico que al cierre de edición no fue contestado.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Jueves 05 Enero, 2017
HORA: 12:00 AM
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