¿Igualiticos?
Sandra Piszk Feinzilber*
Nuestro país se ha destacado tradicional e internacionalmente por su respeto por la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Podemos contar por centenas los discursos, las declaraciones y los actos solemnes donde hacemos gala de estos temas a lo largo de los años, pues nos distinguimos del resto de los países de la región por nuestra lucha por el desarme, valientemente iniciada en 1948 con la abolición del ejército y la inversión social en nuestra población en lugar de en armas y ejércitos.
Sin embargo, víctimas de nuestros éxitos y prestigio, vivimos bajo el mito de la Costa Rica de los “igualiticos”. Mito perpetuado en la historia oficial y los planes de estudio, que nos ha llevado por décadas a formar una sociedad que niega consciente o inconscientemente la diversidad de la que se compone nuestra nación.
De tal manera, esas diferenciaciones se han manifestado y arraigado con patrones socioculturales que nos llevan a tratar a otros seres humanos de manera diferente por su pertenencia a colectivos sexuales, religiosos, étnicos o culturales distintos a los que socialmente identificamos como de la mayoría de la población. Sobran lamentables ejemplos de violencia y discriminación en este sentido, los más evidentes cuando de personas adultas mayores, mujeres o personas con algún tipo de discapacidad se trata. Lo cierto es que en la práctica la discriminación y la violencia se hacen presentes cuando se discute por las legítimas pretensiones de reconocer derechos a estas personas, no por su pertenencia a un grupo en específico, sino por tratarse de personas: de seres humanos.
Incluso, es frecuente encontrarnos con que erróneamente se parte en algunas ocasiones de la priorización de unos derechos por otros e incluso de la segmentación y escogencia en la defensa de derechos humanos, obviando la interrelación, interdependencia e indivisibilidad de los mismos como si se tratara de aspectos de los cuales se pudiera desconocer o escoger a conveniencia.
Así, no es extraño encontrar defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia, que censuran duramente la defensa de derechos de las comunidades sexualmente diversas; defensores por los derechos de la mujer, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que obvian las legítimas luchas de las comunidades étnico-raciales que viven en minoría y que aspiran a igualdad y legitimidad de sus derechos, o bien, defensores de la libertad de culto que censuran duramente los derechos y libertades políticas de grupos minoritarios que aspiran a la representación de sus intereses en el espectro político.
Ante tal situación, y conscientes de que la defensa, garantía y promoción de los derechos humanos debe tener como eje transversal la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación, la mayoría de diputadas y diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, presentamos a la corriente parlamentaria el expediente No. 20.174 “Ley Marco Para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”.
Dicho expediente, es producto de un trabajo integral e interdisciplinario, con el apoyo permanente de la Defensoría de los Habitantes y el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, el cual toma como punto de partida varias iniciativas presentes en la corriente legislativa, elaborando un único proyecto que aborda el tema de manera seria, integral, representativa y multidimensional.
El proyecto constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
La iniciativa contempla, además, la creación del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual tendrá entre sus objetivos garantizar el derecho a la equidad e igualdad en el ejercicio de derechos, mediante la transversalización en el quehacer del Estado. Al tiempo que realiza reformas al Código Penal en materia de delitos de genocidio, incitación y apología de odio, entre otras.
Esta iniciativa constituye un gran paso en positivo, en concordancia con las más altas normas de derecho internacional en la materia, tomando en cuenta la premisa de que en derechos humanos, todo punto de llegada, representa un nuevo punto de partida, en la tutela y promoción de derechos, pues la tarea es siempre inacabada y especialmente perfectible.
Esperemos que la iniciativa cuente con el apoyo mayoritario en el Congreso, pues se pretende adecuar nuestra normativa de manera que se proteja a todo habitante de nuestro territorio del flagelo de la violencia y la exclusión que produce la discriminación, el racismo y la intolerancia.
Avancemos como sociedad, fortaleciendo la lucha contra toda forma de violencia y discriminación.
*Diputada
Partido Liberación Nacional
